Nota importante: El Reglamento entrará en vigor el 5 de agosto de 2026, al día siguiente de su publicación en el DOF, conforme a su artículo transitorio primero. A partir de esa fecha se abroga el Reglamento publicado el 27 de mayo de 2011 y quedan derogadas las disposiciones administrativas que se opongan al nuevo ordenamiento, salvo lo previsto en su régimen transitorio.

1. Antecedentes

Contexto regulatorio previo en materia de aguas nacionales

El régimen mexicano de aguas nacionales parte del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual las aguas comprendidas dentro del territorio nacional son propiedad de la Nación y el Estado puede transmitir su dominio a particulares sin perder la propiedad originaria. En desarrollo de dicho principio, la Ley de Aguas Nacionales (“LAN”) regula la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales mediante títulos de concesión y asignación, sujetos a causales de extinción previstas, entre otros, en los artículos 20 y 29 BIS 3 de dicho ordenamiento.

En ese marco, la caducidad total o parcial puede declararse cuando el titular deje de explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales durante dos años consecutivos. La cuota de garantía de no caducidad opera como una opción legal para evitar que la autoridad declare dicha caducidad respecto de volúmenes no utilizados, sin sustituir la necesidad de acreditar oportunamente el cumplimiento de los requisitos procedimentales y de pago aplicables.

Del anteproyecto a la publicación en el DOF

El antecedente reglamentario inmediato es el Reglamento publicado en el DOF el 27 de mayo de 2011, que estableció los lineamientos para la aplicación de la cuota de garantía de no caducidad y asignó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) la fijación del aprovechamiento correspondiente en términos de la Ley de Ingresos de la Federación. El nuevo Reglamento, publicado en el DOF el 4 de agosto de 2026, actualiza ese esquema procedimental y, conforme a su régimen transitorio, abroga el Reglamento de 2011 y deroga las disposiciones administrativas que se le opongan, salvo lo expresamente previsto.

El Reglamento fue difundido inicialmente como anteproyecto en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria (la “Plataforma”) el 16 de junio de 2026, en el marco del proceso de mejora regulatoria, antes de su publicación definitiva en el DOF. El proceso de modificación se vincula, además, con la autorización fiscal contenida en el Oficio No. 349-B-143, de 13 de mayo de 2026, mediante el cual la SHCP autorizó a CONAGUA, bajo la figura de aprovechamientos, 40 cuotas por metro cúbico necesarias para determinar y pagar la cuota de garantía de no caducidad durante el ejercicio fiscal 2026. La SHCP justificó la cuota como el costo de oportunidad social ocasionado por dejar de utilizar aguas nacionales concesionadas o asignadas durante dos años consecutivos, con el objetivo de racionalizar los volúmenes concesionados y asignados mediante una mejor asignación de títulos.

2. Aspectos Clave del Reglamento

Objeto y Efecto del Pago

El Reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento para la determinación y pago de la cuota de garantía de no caducidad y sus prórrogas, conforme al artículo 29 BIS 3, fracción VI, párrafo tercero, numeral 3 de la LAN. El efecto del pago es evitar que a la persona concesionaria o asignataria se le aplique la caducidad parcial o total del volumen de agua concesionado o asignado que no haya sido explotado, usado o aprovechado.

Definiciones Relevantes

El artículo 2 del Reglamento establece las siguientes definiciones clave:

• Cuota autorizada por m³: la fijada por la SHCP para cada metro cúbico de agua, en términos de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

• Dos años consecutivos: los últimos ocho trimestres en los que se haya dejado de explotar, usar o aprovechar de manera parcial o total el volumen concesionado o asignado.

• Cuota de garantía de no caducidad: cantidad calculada conforme al artículo 4 que el concesionario o asignatario opta por pagar para que no caduque total o parcialmente su volumen.

• Volumen cubierto: volumen no sujeto a caducidad por haberse efectuado el pago.

• Volumen no cubierto: volumen sujeto a caducidad por no haberse usado durante dos años consecutivos y no haberse pagado la cuota, o por improcedencia de la solicitud de prórroga.

• Prórroga de no caducidad: autorización de CONAGUA para ampliar hasta por dos ocasiones la opción de pagar la cuota respecto de volúmenes no usados.

Cómputo del Periodo de Dos Años

El periodo se computa por trimestres concluidos: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre (artículo 3).

Fórmula de Determinación de la Cuota (Artículo 4)

CGNC_t = CA_t × VASEUA_t

VASEUA_t = Mínimo [(VAACA_t-1 – VAEUA_t-1), (VAACA_t-2 – VAEUA_t-2)]

Donde:

CGNC = Cuota de garantía de no caducidad

CA_t = Cuota autorizada por m³ vigente al momento del pago

VASEUA_t = Volumen mínimo de agua sin explotar, usar o aprovechar en los últimos ocho trimestres

VAACA = Volumen de agua anual concesionado o asignado

VAEUA = Volumen de agua explotado, usado o aprovechado

_t = Periodo de ocho trimestres por el que se calcula la Cuota de garantía de no

caducidad.

_t-1= Periodo comprendido por los primeros cuatro trimestres del periodo t.

_t-2= Periodo comprendido por los últimos cuatro trimestres del periodo t.

Los volúmenes se expresan en metros cúbicos (m³).

Obligaciones de Aviso y Pago (Artículo 5)

• Aviso previo: presentar aviso ante CONAGUA al menos 15 días hábiles antes de que concluya el octavo trimestre, a través de la plataforma o sistema electrónico correspondiente.

• Plazo de pago: dentro de los 45 días hábiles siguientes a la conclusión del periodo de dos años consecutivos.

• Medios de pago: oficinas autorizadas por SHCP o medios electrónicos de CONAGUA (Sistema Declar@gua, portales de internet o ventanillas bancarias autorizadas).

• Información requerida en el pago: fecha de inicio y término del periodo, título de concesión o asignación (y anexo, en su caso) y volúmenes no explotados/usados/aprovechados base del cálculo.

• Comprobante: dentro de los 15 días hábiles posteriores al pago, presentar comprobante a CONAGUA para validación y aplicación de la interrupción de caducidad.

Régimen de Prórrogas (Artículo 6)

• Solicitud: al menos 15 días hábiles antes de concluir el octavo trimestre, acompañada de justificación de motivos del no uso, razones para conservar el volumen en relación con el objeto de la concesión/asignación, y soporte documental.

• Resolución: CONAGUA determina procedencia dentro de 45 días hábiles posteriores.

• Pago tras autorización: 15 días hábiles desde la notificación para pagar y exhibir comprobante.

• Límite: hasta dos ocasiones de prórroga (consecutivas o no) durante la vigencia del título.

• Si las prórrogas no son consecutivas, el titular no está autorizado a dejar de usar volúmenes por periodos de dos años en el intervalo; podrían actualizarse otras causales de interrupción de caducidad del artículo 29 BIS 3, fracción VI, LAN.

Consecuencias del Incumplimiento

CONAGUA aplicará las disposiciones de caducidad previstas en la LAN y su Reglamento respecto de los volúmenes no cubiertos. Asimismo, CONAGUA puede requerir aclaraciones dentro de los 30 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de pago, otorgando al titular un plazo no mayor a 15 días hábiles para atender el requerimiento.

Disposiciones Transitorias Relevantes

• Entrada en vigor: el 5 de agosto de 2026, al día siguiente de su publicación en el DOF (transitorio primero).

• Abrogación del Reglamento de 2011 y derogación de disposiciones opuestas (salvo el transitorio quinto del instrumento abrogado).

• Trámites en curso: los iniciados antes de la entrada en vigor se atienden con las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

• Cómputo inicial: la primera ocasión y las dos prórrogas se computarán por cada título a partir del primer periodo completo de dos años consecutivos sin uso posterior a la entrada en vigor (5 de agosto de 2026).

• Disposición transitoria especial: para títulos con periodos menores a dos años al entrar en vigor que concluyan después, se aplicará por única ocasión el Reglamento de 2011; ese pago no computará como primera ocasión ni prórroga, pero si no se cumple, el título no podrá beneficiarse del nuevo esquema.

3. Cuotas Autorizadas para el Ejercicio Fiscal 2026

Mediante el Oficio SHCP No. 349-B-143, públicado en el DOF el 14 de julio de 2026, se autorizaron 40 aprovechamientos. Las cuotas varían según el tipo de uso, la fuente (superficial o subterránea) y la zona de disponibilidad de agua definida en la Ley Federal de Derechos. A continuación, se presenta un resumen de las cuotas principales (pesos por m³):

Nota: Las zonas de disponibilidad se definen conforme a la Ley Federal de Derechos. Las cuotas para generación hidroeléctrica son uniformes en todas las zonas y fuentes.

4. Implicaciones Prácticas para Clientes del Sector Energía y Recursos Naturales

El Reglamento tiene relevancia directa para titulares de concesiones o asignaciones de aguas nacionales que, por diversas razones operativas, no estén aprovechando la totalidad de sus volúmenes autorizados. Al encontrarse ya en vigor, los periodos de dos años consecutivos comenzarán a computarse conforme a su régimen transitorio, por lo que resulta prioritario evaluar la exposición de cada título. Entre los escenarios más frecuentes se encuentran:

• Paros operativos programados o no programados (mantenimiento mayor, fuerza mayor).

• Retrasos en la obtención de permisos, autorizaciones ambientales o interconexiones.

• Expansión gradual de proyectos o infraestructura hídrica incompleta.

• Proyectos en etapa de desarrollo con concesiones ya otorgadas (energía renovable, termoeléctrica, minería, petróleo y gas, hidrógeno, almacenamiento).

• Capacidad contratada superior a la demanda actual (sistemas de enfriamiento, servicios auxiliares industriales).

Consideraciones Específicas por Subsector

Generación hidroeléctrica: La cuota específica es muy baja ($0.0087/m³ uniforme); sin embargo, el riesgo principal no es el costo económico sino la pérdida del volumen concesionado si no se cubre la cuota o no se justifica adecuadamente el no uso.

Proyectos termoeléctricos e industriales: Las cuotas generales (hasta $34.54/m³ en zona 1 subterránea) pueden representar un costo significativo. El análisis costo-beneficio entre pagar la cuota y mantener el volumen estratégico resulta crítico.

Minería y beneficio, petróleo y gas: Proyectos con múltiples títulos y fuentes diversas requieren monitoreo granular por título, fuente y volumen anual, no solo por planta o proyecto.

Agroindustria y alimentos: Debe revisarse la relación entre volúmenes concesionados y consumos reales por temporalidad, evaluando si la subutilización es estacional o estructural.

5. Recomendaciones de Acción

A la luz de la entrada en vigor del Reglamento, se recomienda a los titulares de concesiones y asignaciones de aguas nacionales adoptar las siguientes medidas:

1. Inventario integral de títulos: Actualizar el registro de concesiones y asignaciones, incluyendo anexos, fuentes (superficial/subterránea) zonas de disponibilidad, volúmenes anuales autorizados y usos específicos.

2. Diagnóstico de utilización: Revisar los volúmenes efectivamente explotados, usados o aprovechados durante los últimos ocho trimestres por cada título, y calcular los volúmenes mínimos no utilizados conforme a la fórmula del artículo 4 del Reglamento.

3. Estimación de exposición económica: Aplicar las cuotas autorizadas por la SHCP a los volúmenes no utilizados y presupuestar el pago cuando resulte estratégico conservar los volúmenes.

4. Calendario de cumplimiento: Diseñar un sistema de alertas con las fechas críticas: (a) 15 días hábiles antes de concluir el octavo trimestre para el aviso; (b) 45 días hábiles posteriores al cierre del periodo para el pago; y (c) 15 días hábiles para presentar comprobante de pago.

5. Preparación de soportes para prórroga: Cuando convenga solicitar prórroga, reunir documentación que acredite las causas del no uso y las razones para conservar el volumen.

6. Coordinación interna: Alinear a las áreas legal, ambiental, operaciones, finanzas y proyectos; designar un responsable por título para el cumplimiento del Reglamento.

If you have any questions concerning the scope or implementation of this article, please contact us.

Aviso Legal: El presente análisis se basa en el texto del Decreto por el que se expide el Reglamento para la Determinación y Pago de la Cuota de Garantía de No Caducidad de Derechos de Aguas Nacionales, publicado en el DOF el 4 de agosto de 2026, y en el Oficio SHCP No. 349-B-143. Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoría legal.

Bernardo Mendoza: bmendoza@k-g.com.mx

Dorothy Lerch: dlerch@k-g.com.mx

Demetrio Fernández: dfernandez@k-g.com.mx

El cargo Reglamento para la Determinación y Pago de la Cuota de Garantía de No Caducidad de Derechos de Aguas Nacionales apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

Criterion 43/ISR/PI arises from the SAT’s identification of multiple payment schemes made through civil associations or other forms of partnership or association to workers, partners, or shareholders for work incentives, bonuses, commissions, complementary compensation for inventions, other labor compensation, or any other similar concept related to compliance with Official Mexican Standard NOM-035-STPS-2018 (the "NOM-035"). These payments are not treated by the paying companies as salaries and wages, income assimilated to salaries, or dividends and, therefore, are not considered subject to income tax ("ISR").

According to the criterion, these amounts do not qualify as tax-exempt income for workers. Therefore, they must be treated as wages, salaries, salary-equivalent income, or dividends, as applicable, with the corresponding withholding and remittance of the applicable ISR. Pursuant to Article 93 of the Income Tax Law ("LISR"), only the income expressly identified therein qualifies as exempt.

The criterion provides that payments made by employers to civil associations or other types of entities for subsequent delivery to their employees, classified as “administration” or “provision of related services,” are neither deductible for income tax purposes nor creditable for value-added tax purposes, since they do not qualify as strictly indispensable expenses.

In this regard, the criterion identifies the following as improper tax practices:

• Making payments to workers, partners, or shareholders through associations or other entities for work incentives, compensation for compliance with NOM-035, or any other similar concept, and granting them the tax treatment of exempt income when they in fact correspond to salaries and wages, income assimilated to salaries, or dividends.
• Failing to withhold and remit the ISR applicable to these amounts.
• Beneficiaries not treating the amounts received as accruable income for ISR purposes.
• Deducting payments made to associations, companies, or intermediaries involved in these schemes.
• Crediting the VAT transferred in connection with these payments.

Our team of experts is ready to support you with any questions related to this criterion:

Paul Kavanagh: paul@k-g.com.mx

Luis Kanchi: Lkanchi@k-g.com.mx

Miguel Alonso: malonso@k-g.com.mx

El cargo NUEVO CRITERIO DEL SAT: PRÁCTICA FISCAL INDEBIDA EN PAGOS LIGADOS A LA NOM-035 apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

Unlike previous amendments, the Bill does not merely modify specific provisions of the current legislation. Rather, it proposes a comprehensive restructuring of Mexico’s federal environmental legal framework through the incorporation of new environmental principles, environmental management and assessment instruments, environmental enforcement mechanisms, and a strengthened inspection and sanctions regime.

If enacted in its current form, the Bill could have significant implications for companies whose projects or operations are subject to federal environmental authorizations, particularly in sectors such as infrastructure, energy, mining, manufacturing, transportation, real estate and industrial development.

I. Analysis

I.1     New Environmental Principles and Instruments

The Bill significantly expands the principles that will guide the actions of environmental authorities and the interpretation of environmental legislation.

Among others, it expressly incorporates the principles of Precaution, Environmental Justice, Best Interests of the Environment, Maximum Disclosure and Circular Economy, which may influence project assessments, permitting decisions and the resolution of administrative proceedings.

The Bill also introduces legal concepts that are not currently developed to the same extent under the existing LGEEPA, including environmental compensation, economic valuation of environmental damage, commutation of sanctions, preventive measures and Strategic Environmental Assessment.

Finally, the Bill transforms the National Commission for the Knowledge and Use of Biodiversity (“CONABIO”), which currently operates as an inter-ministerial commission, into a decentralized public entity with its own legal personality and assets.

II.2    Strategic Environmental Assessment

The Bill introduces Strategic Environmental Assessment as a new environmental planning and management tool intended to identify and assess, from the earliest planning stages, significant, cumulative, synergistic and residual environmental impacts associated with certain national infrastructure plans, programs or strategic projects promoted by public entities.

Its purpose is to incorporate prevention, mitigation, compensation and, where appropriate, environmental restoration measures. The assessment must be submitted to SEMARNAT by the governmental agency, public entity or state-owned enterprise responsible for the relevant plan, program or project during the initial stages of its formulation or development.

SEMARNAT may, although it is not required to do so, request the opinion of other governmental agencies, academic institutions, civil society organizations, professional associations or expert groups. Only opinions issued by governmental agencies or public entities will be binding with respect to the environmental measures to be incorporated.

II.3    Relevant Changes to the Environmental Impact Assessment Regime

The Bill amends the environmental impact assessment regime by expanding the minimum content required for Environmental Impact Statements (“MIAs”) and strengthening the prevention, mitigation and environmental compensation measures that must be proposed for projects subject to authorization.

Among the principal changes are the express incorporation of direct and indirect environmental compensation measures, additional requirements for the preparation of MIAs, and enhanced public participation and access-to-information mechanisms within environmental assessment procedures.

The Bill would also allow applicants to request that entire environmental files remain confidential based on industrial property rights or commercial confidentiality. Unlike the current regime, which protects specific information, this provision could reduce transparency and limit public scrutiny of projects with potential environmental impacts.

II.4    Regularization of Projects or Activities

The Bill introduces a mechanism to regularize projects or activities that have commenced, or have even been completed, without obtaining the required environmental impact authorization. In such cases, the project sponsor must submit an environmental damage assessment including compensation and restoration measures, as well as implementation and compliance mechanisms.

The filing of such request does not limit or suspend the environmental authority’s inspection, investigation or enforcement powers.

II.5    Environmental Notice

The Bill introduces the Environmental Notice mechanism for certain projects or activities that, due to their location, size, characteristics or scope, do not generate significant environmental impacts or ecological imbalance and therefore are not subject to the environmental impact assessment process.

The mechanism is also extended to certain environmental restoration projects and activities carried out by authorities, private parties or organizations, which will be subject to specific monitoring and reporting obligations.

II.6    Highly Hazardous Activities

The Bill introduces a new mechanism for determining highly hazardous activities, requiring consideration of the hazardous nature of the substances or materials involved, the risks associated with their handling, and their potential impacts on the environment, ecosystems and human health.

II.7 Elimination of Affirmative Administrative Silence

The Bill eliminates affirmative administrative silence in environmental matters, except where expressly provided otherwise. It also allows authorities to dismiss incomplete applications, strengthens the use of electronic means, and establishes consequences for the submission of false or inaccurate information.

Additionally, certain resolution periods are reduced and authorized projects must commence within a maximum period of five years.

II.8. Strengthening of Investigation and Enforcement Procedures

The Bill creates an Administrative Investigation Procedure separate from the Infringement Procedure.

It expands the catalogue of administrative sanctions

• To include annotation of resolutions in the Public Property Registry,
• Cancellation of environmental certifications and seals
• Demolition of works or facilities where appropriate
• Formal administrative warnings

The Bill also significantly increases the maximum administrative fines applicable to environmental violations, from a maximum equivalent to 50,000 minimum-wage units under the current LGEEPA to 7.5 million UMA units.

While the current LGEEPA allows fines to be replaced through environmental investments, the Bill establishes specific procedures for the modification and commutation of fines.

II.9. Investigation of Environmental Violations

The Bill incorporates specific procedures for investigating environmental violations and introduces mechanisms aimed at preventing, correcting and remedying environmental harm, including voluntary acknowledgment of facts, alternative dispute resolution mechanisms and procedures for determining environmental damage.

II.10. Environmental Offenders Registry

The Bill creates an Environmental Offenders Registry in which individuals and legal entities sanctioned for environmental violations may be registered. Registration could have reputational consequences and may be considered by authorities in future authorization, supervision or regulatory-benefit procedures.

The newly renamed Federal Environmental Justice Prosecutor’s Office will have up to two years to implement the Registry.

II.11. Protected Natural Areas, Biodiversity and Environmental Restoration

The Bill strengthens biodiversity conservation through new environmental protection instruments. It expressly recognizes biological corridors, introduces new conservation categories, strengthens environmental restoration programs, and expands the protection of genetic resources, biocultural heritage and pollinators.

It also institutionalizes the National Biodiversity Strategy and State Biodiversity Strategies as environmental policy instruments.

II.12. Strengthening of Self-Regulation Mechanisms

The Bill expands environmental self-regulation programs through voluntary environmental audits and authorizes environmental authorities to issue compliance certificates, environmental benefit certificates, recognitions, distinctions and environmental quality seals.

II.13. Change of Land Use in Forest Areas

The Bill provides that authorizations for changes of land use in forest areas relating to national infrastructure projects may be granted without the environmental authority making any determination regarding ownership or possession of the affected land, potentially expediting approvals for strategic projects.

II. Transitional Regime

Administrative proceedings, authorizations, permits, licenses and other procedures initiated prior to the entry into force of the new law will continue to be governed by the legislation in effect when they commenced, unless the applicant elects to be governed by the new regime where applicable.

It will be important to monitor the issuance of secondary legislation necessary for implementation of the new law.

III. Implications for Businesses

Although the Bill must still be discussed and approved by Congress, it reflects a clear trend toward strengthening environmental regulatory, supervisory and enforcement powers.

Companies should assess the impact of these changes on environmental permitting, regulatory compliance, environmental risk management, and inspection and enforcement proceedings.

If you have any questions concerning the scope or implementation of this article, please contact us.

Bernardo Mendoza
Partner
bmendoza@k-g.com.mx

Dorothy Lerch
Counsel
dlerch@k-g.com.mx

Karla P. de la Torre
Associate
kdelatorre@k-g.com.mx

Gerardo H. Estrada
Attorney
gestrada@k-g.com.mx

El cargo INICIATIVA: NUEVA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

• Given the effects of the EO, major know-your-customer and anti-money laundering (“KYC/AML”) overhauls are foreseen, so banks should prepare for stricter customer due diligence rules targeting undocumented account holders.

• The U.S. Department of the Treasury (“Treasury”) will issue by July 18, 2026, a formal Advisory listing specific red flags and typologies for payroll fraud, off-the-books wages, and cross-border illicit transfers.

• The Bank Secrecy Act (“BSA”) regulations will be strengthened under the EO by: (i) August 17, 2026, authorizing banks to collect immigration status information when risk indicators warrant it, and (ii) November 15, 2026, the Treasury and the appropriate federal functional financial regulators shall consider changes to strengthen risk-based customer identification program requirements, taking into account the risks foreign consular identification cards pose to the integrity of the U.S. financial system.

• The Consumer Financial Protection Bureau (“CFPB”) shall consider by July 18, 2026, whether deportation risk and loss of wages qualify as ability-to-repay factors regarding its regulation on the eligibility of individuals to obtain consumer credit transactions secured by dwellings.

• The use of an individual taxpayer identification number (“ITIN”) by non-US persons, for identification purposes to obtain credit products or depository accounts, may be flagged as an enhanced due diligence trigger.

• By July 18, 2026, all four federal functional regulators (the Board of Governors of the Federal Reserve [“Fed”], the Office of the Comptroller of the Currency [“OCC”], the Federal Deposit Insurance Corporation [“FDIC”], and the National Credit Union Administration [“NCUA”]) shall issue credit risk guidance on lending to non-work-authorized borrowers.

I. Analysis.

I.1. Background and scope.

Executive Order 14406 frames immigration-related financial activity as a national security and systemic banking risk. The EO specifically references fentanyl-related financial flows tied to Mexico-based cartels, Chinese money laundering networks using U.S.-based accounts, and the structural ability-to-repay risk of extending credit to undocumented borrowers.

It directs the Fed, OCC, FDIC, and NCUA as all 4 federal functional regulators, the Treasury and the CFPB to take coordinated action within defined deadlines, including regulation changes.

I.2. Enhanced KYC/AML obligations.

The most immediate compliance impact falls on BSA-covered financial institutions. The Advisory to be issued from Treasury by July 18, 2026, will introduce specific red-flag typologies that compliance teams should incorporate into their reporting programs and transaction monitoring systems. The six categories of concern are:

• Payroll tax evasion by employers using non-work-authorized workers (failure to withhold/remit federal employment taxes).

• Use of foreign identity documents, nominee accounts, shell companies, or funnel structures to conceal beneficial ownership or disguise payroll flows.

• Routing of off-the-books wages through unregistered money services businesses (“MSBs”), third-party payment processors, or peer-to-peer platforms.

• Structuring and micro-structuring: repetitive, sub-threshold cash transactions correlated with payroll cycles.

• Financial patterns indicative of labor trafficking or forced labor, including mixing proceeds with legitimate business revenue.

• ITIN-based account opening or credit applications where the holder lacks verified lawful immigration status, triggering enhanced due diligence obligations.

However, the customer due diligence rulemaking expected to be issued by August 17, 2026 is the most structurally significant change. As of today, the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network current CDD rules only require beneficial ownership information but do not mandate collection of immigration status data. The proposed changes would authorize, and in some cases require, institutions to obtain immigration status and work authorization information as part of a risk-based CDD program when other indicators raise compliance concerns.

Similarly, the regulations of the BSA regarding the customer identification program will be reviewed by November 16, 2026, to specifically address the risk profile of foreign consular identification cards.

I.3. Credit risk and the ability to repay.

• Likewise, the EO directs CFPB to consider amending its regulations to explicitly recognize that deportation risk and the associated loss of wages constitute material factors in an ability-to-repay analysis for mortgage and consumer credit. If the CFPB acts on this directive, lenders extending credit to ITIN holders or non-work-authorized borrowers would need to document how this risk was assessed in underwriting.

I.4. Implications.

For financial institutions and businesses with U.S.–Mexico cross-border exposure, the EO carries immediate action from their U.S. counterparties:

• Heightened scrutiny of low-dollar remittance transfers to Mexico, which the EO characterizes as a vector for cartel-related flows;

• Likely increases in suspicious activity report filings on cross-border wires involving ITIN-linked accounts; and

• Potential de-risking pressure on MSBs and payment processors operating in the U.S.–Mexico corridor.

II. Transitory Regime.

Finally, the EO is effective the same day of its signing, i.e. May 19, 2026; therefore, the expressed timelines therein are constructed as follows:

• Day 0: May 19, 2026. Executive Order 14406 is signed and effective.

• Day 0 + 60: July 18, 2026. (i) Treasury issues formal Advisory with red-flag typologies, (ii) CFPB considers regulatory ability-to-repay guidance, (iii) Fed, OCC, FDIC, and NCUA issue credit risk guidance on lending to non-work-authorized borrowers.

• Day 0 + 90: August 17, 2026. Treasury proposes BSA CDD rule amendments to require, where risk warranted, collection of immigration status and work-authorization information.

• Day 0 + 180: November 15, 2026. Treasury and federal regulators consider BSA customer identification program rule changes, including new risk treatment for foreign consular identification documents.

If you have any questions concerning the scope or implementation of this article, please contact us.

Bernardo Mendoza
Partner
bmendoza@k-g.com.mx

Dorothy Lerch
Counsel
dlerch@k-g.com.mx

Karla P. de la Torre
Associate
kdelatorre@k-g.com.mx

Gerardo H. Estrada
Attorney
gestrada@k-g.com.mx

El cargo ORDEN EJECUTIVA EN EE.UU.: NUEVAS RESTRICCIONES FINANCIERAS PARA EXTRANJEROS EN SITUACIÓN IRREGULAR apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

• • According to the amendments to the Regulations of the Federal Law for the Prevention and Identification of Transactions with Illicit Proceeds (the “Regulations” and the “Law”), among other things, clarifying provisions are established regarding the filing of reports for cumulative transactions, indicating that these must be filed when the established thresholds are reached with respect to a client or user.

• It regulates the requirements for the integration of a list of domestic politically exposed persons (“PEPs”) by the Mexican Financial Intelligence Unit (“FIU”).

• An exception regime is established that facilitates the Servicio de Administración Tributaria (Tax Administration Service, “SAT”) to impose administrative sanctions without the need to exhaust an administrative proceeding, also indicating that all information already held by SAT may be used to support its resolutions.

• Also, when SAT exercises its verification authority, it will not be required to demonstrate which databases it consulted nor to disclose the results of such consultation, provided that it concerns information or documentation that was generated or provided by the obligated subject.

• Finally, the obligations regarding safeguarding and preservation of information are substantially expanded, establishing that reports, statements, and their supporting documentation must be preserved for a minimum period of 10 years.

• The transitional period for the issuance of new general rules originally provided in the Law's amendment is not modified; that is, these are expected to be issued on June 30, 2026.

I. Regulation Content.

I.1. General Aspects.

• According to the amendments, definitions are adjusted, including the express introduction of “Statements” as an obligation differentiated from “Reports” as well as the explicit inclusion of trusts and other legal entities as obligated subjects.

• Clarifying provisions regarding the filing of reports for cumulative transactions are included, establishing that the obligation to file the corresponding “Report” is triggered when, with respect to the same client or user, the applicable threshold is reached or exceeded, considering the accumulation of transactions within a period of up to six months, without the need to exhaust such period.

• Likewise, the obligation to file so-called “24-hour” reports is expressly introduced in the Regulations, even when the act or transaction has not been completed, provided there are sufficient elements to identify the person who attempted to carry out the transaction as a client or user, that is, what is known as a report for “attempt”.

• It is specified that the application of simplified identification measures for clients or users will only be appropriate when derived from their risk-based approach assessments at the entity level.

• Additionally, the specification regarding amounts, thresholds, and specific conditions applicable to vouchers, coupons, and electronic wallets is eliminated, suppressing the criteria that limited the filing of Reports, so that the applicability of identification and Report filing obligations must be determined exclusively based on the scenarios provided in the Law and, where applicable, in the general rules.

• Also, the criteria for determining the timing and amount of the act or transaction in certain non-financial designated businesses and professions (“DNFBPs”) are adjusted, establishing that, (i) in loan, lending, or credit transactions, these will be considered performed when the funds are effectively made available to the client, and that, (ii) in money or securities transfer or custody services, the lack of determination of value does not exempt from the obligation to file a Report, considering such transactions as reportable in all cases.

I.2. PEP List.

• The mechanisms for the integration, updating, and administration of the domestic PEP list under FIU's responsibility are regulated, establishing that competent authorities and public entities must provide, in the format and electronic medium defined in the general rules, information corresponding to public positions and persons who should be considered PEPs, as well as their updates within 5 business days following any relevant modification.

• For their part, it is provided that private parties and obligated subjects may only consult the FIU, through the electronic medium determined by the FIU, in a restricted manner and case-by-case basis, to verify whether a client or user person is included in the PEP list, without this implying access, reproduction, or disclosure of the complete content of the list.

• In this context, a strict confidentiality regime applicable to this list is established, specifying that such information must comply with the provisions of the Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (General Law on Transparency and Access to Public Information) and the Ley de Seguridad Nacional (National Security Law), so that information classified as reserved or confidential may not be shared with any person, authority, or entity, whether domestic or international.

• Along the same lines, the FIU may only share specific and necessary information from its PEP list with decentralized bodies of the Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ministry of Finance and Public Credit) that exercise supervisory functions in matters of money laundering prevention, and only following execution of the corresponding agreement, exclusively for the exercise of such powers.

I.3. Sanctions.

• Likewise, an exception regime is regulated that allows SAT to impose administrative sanctions without the need to exhaust an administrative sanctioning proceeding, when the following circumstances occur:

• Omission or late compliance with information requests,
  • Failure to file reports, statements, or mandatory documentation, or
  • Delivery of incomplete or different information than requested, even after the obligated subject has been required.

• It is also established that, when SAT exercises verification powers, it will not be required to demonstrate which databases it consulted or to communicate the results of such consultations, provided that it concerns information or documentation that was previously generated or provided by the obligated subject itself.

• Likewise, the procedure for spontaneous compliance through a signed writing addressed to SAT is established, with clear and complete acknowledgment of faults committed, corresponding transactions and periods, declaration under oath that irregularities have been completely corrected along with documentation evidencing such compliance, as a condition to access the benefits provided in Article 55 of the Law, subject to compliance with general administrative provisions.

• Finally, the amendments substantially expand obligations regarding safeguarding, preservation, and custody of information, establishing that Reports, Statements, supporting documentation, and electronic acknowledgments must be preserved for a minimum period of ten years, both by obligated subjects and by Collegiate Entities.

II. Transitory Regime.

Finally, transitional provisions are incorporated that regulate the entry into force and gradual application of various obligations, establishing specific rules for their implementation, among which the following stand out:

If you have any questions concerning the scope or implementation of this article, please contact us.

Bernardo Mendoza
Partner
bmendoza@k-g.com.mx

Dorothy Lerch
Counsel
dlerch@k-g.com.mx

Karla P. de la Torre
Associate
kdelatorre@k-g.com.mx

Gerardo H. Estrada
Attorney
gestrada@k-g.com.mx

El cargo REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

On April 9, 2026, a decree was published in the Official Gazette of the Federation amending Article 141 of the Federal Tax Code (“CFF”, for its acronym in Spanish) regarding guarantees for the protection of the tax interest.

The reform eliminates the order of priority that previously required taxpayers to provide guarantees following a pre-established sequence. As of its entry into force, taxpayers may freely choose the type of guarantee that best suits their particular situation, without being subject to any order of priority.

Under the previous framework, guarantees had to be provided in the following order:

1. Deposit certificate.
2. Letter of credit.
3. Pledge and mortgage.
4. Surety bond.
5. Joint and several obligation.
6. Attachment.

According to this order, the cash deposit certificate was the mandatory first option, up to the limit of the taxpayer’s financial capacity, thereby restricting their ability to act when needing to challenge resolutions issued by the tax authority.

Guarantee procedures initiated between January 1, 2026, and April 9, 2026, as well as guarantees granted during that period in accordance with the order established prior to the amendment of Article 141, may be subject to the provisions of the amended text.

This applies to the extent that the taxpayer expressly requests it before the authority within thirty calendar days following the entry into force of the decree amending the CFF.

If you have any questions or require advice regarding the above, our team of experts is available at the following email addresses:

Paul Kavanagh: paul@k-g.com.mx
Miguel Alonso: malonso@k-g.com.mx
Luis Kanchi: Lkanchi@k-g.com.mx

El cargo DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 141 DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

I. General Scope

The main purpose of the Draft Decree is to reduce the weekly workweek from 48 to 40 hours through a gradual implementation scheme that would begin on May 1, 2026 and conclude in 2030. In addition, the Draft Decree seeks to: (i) amend the regime applicable to overtime, (ii) incorporate new employer obligations, and (iii) modify the concepts of employer and workday.

II. Reduction of the workday

The Ley Federal del Trabajo (Federal Labor Law, “LFT”), currently provides for a maximum of 48 weekly hours (8 daytime hours over 6 days), a weekly work schedule that has been in force since 1917. Through the Draft Decree, the following changes are proposed:

• Establishment of a new maximum limit of 40 hours per week for the regular workday.

• The current daily limits (8 daytime hours, 7 nighttime hours, 7.5 mixed hours) would be maintained, but now aligned with the new weekly cap.

• Introduction of the possibility for the workday to be distributed by mutual agreement between employer and employee.

• Implementation of a gradual reduction of the weekly workday as follows:

III. Overtime Regime

With respect to overtime work, the Draft Decree eliminates the current regime, which allows employees to work up to 3 hours of overtime per day, on a maximum of 3 days per week, for a total of 9 overtime hours, which must be paid at 100% of the regular wage. In addition, the current rule provides that the employer must pay 200% of the regular wage for overtime beyond that limit, without prejudice to the penalties set forth in the law.

The Draft Decree, in turn, establishes a new model that limits overtime to 12 hours per week, which may be distributed in workdays of up to 4 overtime hours, on a maximum of 4 days per week, and which must be paid at 100% of the regular wage.

With respect to extended overtime, the Draft Decree caps such additional time at 4 extra hours per week, which must be paid at 200%.

It is important to note that the Draft Decree prohibits the sum of the regular workday, overtime and additional overtime from exceeding 12 hours in a single day, which constitutes a new legal safeguard intended to prevent excessive workdays.

IV. New concepts

The Draft Decree also amends the definition of certain key concepts in the FLL:

• For the first time, it expressly incorporates the definition of “Employer or Employing Person” (“Patrón or Persona Empleadora”), understood as the individual or legal entity that hires one or more workers to perform subordinated activities in exchange for remuneration.
  
  This new definition strengthens clearer and more inclusive language and helps to more precisely allocate responsibilities, particularly in complex outsourcing arrangements or corporate structures with multiple operating entities.

• Likewise, the concept of “workday” is amended. Under the current framework, the workday corresponds to the period during which the worker is at the employer’s disposal; under the reform, it is redefined as the period during which the worker performs subordinated activities for the benefit of the employer.
  
  This change may have significant implications for the interpretation of waiting times, internal transfers, operational pauses or any period during which the worker is not effectively performing activities.

IV. New obligations: electronic timekeeping.

A new obligation is created for employers to electronically record the workday of each worker, including the start and end time of their activities.

IV. Continuity of existing obligations

The Draft Decree preserves certain essential elements of the current LFT:

• The maximum daily duration of daytime, nighttime and mixed shifts, as well as the right to 1 rest day for every 6 days of work, remain unchanged.

• The minimum Sunday premium of 25% also remains unchanged.

• With respect to overtime, the 100% additional payment continues to apply for overtime within the new permitted limit and 200% for additional overtime.

V. Entry into force

• The general reform would enter into force on May 1, 2026.

• There would be a gradual annual implementation for the workday and overtime limits.

• The obligation to maintain an electronic timekeeping register would begin in January 2027.

Should you have any questions regarding the scope or implementation of this note, please do not hesitate to contact us.

Bernardo Mendoza
Partner
bmendoza@k-g.com

Dorothy Lerch
Counsel
dlerch@k-g.com.mx

El cargo SE PUBLICA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

The publication is available here: Regulations to the Geothermal Law.

• Under the new Regulations, all existing permits and concessions will remain valid, and compliance obligations will continue to be governed by the repealed framework, except where it conflicts with the Ley de Geotermia (Geothermal Law) and the new Regulations.

• The Regulations establishes procedural retroactive effects for proceedings related to the granting of permits and concessions that were initiated under the repealed legislation.

• The Regulations provide that the Secretaría de Energía (Ministry of Energy; “SENER”) must issue general administrative provisions on binding energy planning no later than December 30, 2025. Binding planning for the energy sector is aimed at developing strategic areas and projects that ensure, among other objectives, Energy Justice , as well as the regulation of energy-transition obligations, and must be taken into account by SENER when granting permits and concessions.

• The following regulations are repealed:

I. Regulation Content.

I.1. General Aspects.

• In accordance with the new Geothermal Law, the Regulation establishes the specific provisions governing the submission of requirements and the obligations related to geothermal exploration, exploitation, and diverse uses before the SENER and the Comisión Nacional del Agua (National Water Commission “CONAGUA”).

• It sets out the procedures and general requirements for the processing of permits by activity, including modifications, extensions, suspensions, and assignments, as well as coordination on water-management matters.

I.2. Processing of Authorizations and Permits

• The Regulations expressly establishes general requirements applicable to all permit applications for regulated activities, which now include not appearing on the taxpayer list referenced in Article 69-B of the Código Fiscal de la Federación (Federal Tax Code).

• Geothermal uses for the generation of electricity below 0.7 megawatts, in accordance with the Ley del Sector Eléctrico (Electric Sector Law), its regulations, and related provisions, will be exempt from permitting, provided the project contributes to Energy Justice for the benefit of Indigenous peoples and communities.

• Small-scale projects intended for uses other than electricity generation (such as urban or greenhouse heating, freshwater distillation, or pulp production) will also be exempt from permitting, subject to registration with SENER.

I.3. Permit Terms.

• Under the Geothermal Law, the following terms and extensions apply:
  • Exploration Permit: valid for up to 4 years, renewable for an additional 4 years upon evidence of compliance and technical justification.
  • Geothermal Resource Exploitation Concession: valid for up to 30 years, renewable for additional periods.
  • Permit for uses other than electricity generation: valid for up to 15 years, renewable for equal or shorter periods.

I.4. Binding Planning and Social Considerations.

• The Regulations incorporates the concept of binding planning for the energy sector, which will be issued by SENER through general administrative provisions. This planning is aimed at developing strategic areas and projects that ensure, among other priorities: (i) the predominance of the Comisión Federal de Electricidad (Federal Electricity Commission; “CFE”), (ii) the promotion of decarbonization, and (iii) adherence to the principle of Energy Justice.

• Binding planning must be considered by SENER when granting assignments, contracts, permits, concessions, and authorizations.

• The Regulations also incorporates the requirement to conduct prior consultation with Indigenous peoples and communities when the development of projects is anticipated to directly affect their rights and interests.

I.5. Transitory Provisions.

• All regulatory provisions issued prior to the entry into force of the Regulations will remain in effect until replaced by new provisions, including, specifically, the agreements and resolutions issued by SENER.

• Permits and concessions issued prior to the Ley de Geotermia (Geothermal Law) remain valid under their original terms pursuant to the repealed Ley de Energía Geotérmica (Geothermal Energy Law). However, the new Geothermal Law and its Regulations will apply to the extent they do not conflict with the repealed framework, making it necessary to evaluate the conditions of each permit and concession on a case-by-case basis.

• While proceedings and applications submitted prior to the entry into force of the Geothermal Law will continue to be processed, the Seventh Transitory Article of the Regulations provides that all applications for authorizations, approvals, or permits must be resolved under the new legal framework.

Although it has been stated that “the above does not constitute a retroactive effect to the detriment of applicants, as unresolved applications did not confer any acquired right,” this does not preclude affected parties from asserting legal arguments against potentially harmful procedural retroactivity.

If you have any questions concerning the scope or implementation of this article, please contact us.

Bernardo Mendoza
Partner
bmendoza@k-g.com

Dorothy Lerch
Counsel
dlerch@k-g.com.mx

Gerardo H. Estrada
Attorney
gestrada@k-g.com.mx

El cargo NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE GEOTERMIA apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

The publication is available here: Regulations to the Biofuels Law.

• Under the new Regulations, all current permit holders will have until October 6, 2026 to file a notice of commencement of operations based on the activities covered by the Ley de Biocombustibles (Biofuels Law), if they have not already done so.

• Likewise, persons holding permits that previously obtained an exemption for the production of bioenergetics will have until October 6, 2026 to apply for an authorization for the production or utilization of biofuels.

• The Regulations provide that the Secretaría de Energía (Ministry of Energy; “SENER”) must issue general administrative provisions on binding energy planning no later than December 30, 2025. Binding planning for the energy sector is aimed at developing strategic areas and projects that ensure, among other objectives, Energy Justice , as well as the regulation of energy-transition obligations, and must be taken into account by SENER when granting permits and concessions.

• The following regulations are repealed:

I. Regulation Content.

I.1. General Aspects.

• The Regulations aim to establish the provisions governing the Biofuels Law and the activities of production, storage, transportation, import, export, commercialization, distribution, and retail sale of biofuels.

• The Regulations classifies biofuels according to their physical form (solid, liquid, and gaseous). It is important to note that, under the Biofuels Law, blends of biofuels with petroleum products are not considered biofuels.

• The Regulations sets out the general procedures and requirements for processing permits by activity, as well as for modifications, extensions, suspensions, and assignments, and establishes coordination mechanisms between SENER and the Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Ministry of Agriculture and Rural Development; “SADER”).

1.2. Processing of Authorizations and Permits

• The Regulations expressly establishes general requirements applicable to all permit applications for regulated activities, which now include not appearing on the taxpayer list referenced in Article 69-B of the Código Fiscal de la Federación (Federal Tax Code).

• It also provides explicit grounds for denying the granting, modification, or assignment of permits, including, among others:
  • Being listed under Article 69-B of the Federal Tax Code,
  • Having outstanding non-compliance issues related to other permits or authorizations, and
  • Holding a public or private position that gives rise to a potential conflict of interest.

• The following activities will require an authorization: (i) production and storage of biofuels for scientific and technological research, (ii) use of biomass to generate Green Heat, and (iii) energy valorization of organic waste by rural and Indigenous communities.

• For activities (i) and (ii), the energy produced may only be used for self-consumption; however, activity (iii) may be used for commercialization, provided that compliance with applicable governance frameworks is demonstrated.

• In accordance with the allocation of responsibilities between SENER and SADER, each authority is responsible for:

I.3. Binding Planning and Social Considerations.

• The Regulations incorporates the concept of binding planning for the energy sector, which will be issued by SENER through general administrative provisions. This planning is aimed at developing strategic areas and projects that ensure, among other priorities: (i) the predominance of the Comisión Federal de Electricidad (Federal Electricity Commission; “CFE”), (ii) the promotion of decarbonization, and (iii) adherence to the principle of Energy Justice.

• Binding planning must be taken into consideration by SENER when granting permits and authorizations.

I.4. Transitory Provisions.

• All regulatory provisions issued prior to the entry into force of the Regulations will remain in effect until replaced by new provisions, including, specifically, the agreements and resolutions issued by SENER.

• Individuals holding permits that were granted an exemption for the production of bioenergetics will have until October 6, 2026 to request the corresponding authorization for the production or use of biofuels.

If you have any questions concerning the scope or implementation of this article, please contact us.

Bernardo Mendoza
Partner
bmendoza@k-g.com

Dorothy Lerch
Counsel
dlerch@k-g.com.mx

Gerardo H. Estrada
Attorney
gestrada@k-g.com.mx

El cargo NUEVO REGLAMENTO PARA LA LEY DE BIOCOMBUSTIBLES apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

The publication is available here: Reglamento de la Ley de Planeación y Transición Energética (Regulations of the Energy Planning and Transition Law)

• Under the new Regulations, the creation of the National Energy Transition Strategy is established as a medium- and long-term planning instrument for the energy sector.

• The Regulation specifically governs binding planning for the energy sector, which is oriented toward the development of strategic areas and projects that ensure, among other objectives, Energy Justice , as well as the regulation of energy transition obligations. Binding planning must be taken into account by SENER and the Comisión Nacional de Energía (National Energy Commission; “CNE”) when granting assignments, contracts, permits, concessions, and authorizations.

• The National Energy Information System will be created to consolidate, record, organize, update, and disseminate all sectoral information to support SENER in exercising binding planning. The system will publish public information and document repositories on an internet platform.

• The National Energy Information System must begin operations no later than 180 business days from October 6, 2025, that is June 22, 2026.

• SENER will likewise have until June 22, 2026 to issue the obligations and requirements for acquiring clean energy certificates applicable for compliance during 2026–2028.

• The following regulations are repealed:

I. Regulation Content.

I.1. General Aspects.

• Regulatory authority is granted to SENER, the Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (National Commission for the Efficient Use of Energy; “CONUEE”), the Centro Nacional de Control de Energía (National Energy Control Center; “CENACE”), and the Centro Nacional de Control del Gas Natural (National Natural Gas Control Center “CENAGAS”).

• The Regulation governs the organization and operation of the Energy Planning Council, which will be composed of SENER, CONUEE, CENACE, CENAGAS, CNE, Petróleos Mexicanos (“PEMEX”), the Comisión Federal de Electricidad (Federal Electricity Commission; “CFE”), and LitioMX. The Council will issue opinions on binding planning and on the publication or updating of planning instruments for the energy sector.

• The National Energy Information System will be created to consolidate, record, organize, update, and disseminate all sectoral information to support SENER in exercising binding planning. The system will publish public information and document repositories on an internet platform.
  
• Inspection, oversight, and enforcement powers are also granted to CONUEE.

I.2. Binding Planning and Social Considerations.

• The Regulation develops the components of binding planning for the energy sector, which will be issued by SENER through general administrative provisions and is oriented toward the development of strategic areas and projects that ensure, among other objectives: (i) the predominance of CFE, (ii) the promotion of decarbonization, and (iii) adherence to the principle of Energy Justice.

• Binding planning will be implemented through: (A) the general administrative provisions issued by SENER, and (B) the “Planning Instruments”, consisting of: (i) the National Energy Transition Strategy; (ii) the Sectoral Energy Program (“PROSENER”); (iii) the Energy Transition and Sustainable Energy Use Plan (“PLATEASE”); (iv) the Electric Sector Development Plan (“PLADESE”); and (v) the Hydrocarbons Sector Development Plan (“PLADESHi”).

• The National Energy Transition Strategy, prepared by SENER, will set 15-year and 30-year objectives for renewable-energy transition, sustainable use, energy efficiency, clean energy, Energy Justice, innovation, and technological development.

• PROSENER is defined as the short-term master planning instrument intended to give effect to the objectives of the National Development Plans.

• PLATEASE will establish planning goals for renewable energy, clean energy, energy efficiency, sustainable use, reduction of energy poverty, and the development of biofuels.

• PLADESE will include the regulatory framework for the electric sector, a diagnostic with at least 15 years of historical data, medium-term scenarios, and the investment programs and plans of PEMEX, CFE, and LitioMX.

• PLADESHi will replicate the structure of PLADESE for the hydrocarbons sector, also incorporating CENAGAS’s project portfolio and identifying capacity and infrastructure requirements that must be developed through private investment.

• Binding planning must be considered by SENER and the CNE when granting assignments, contracts, permits, concessions, and authorizations.

I.3. Programación de la planeación vinculante.

• In the electric sector, the PLADESE process begins annually in the year preceding its applicability, when CENACE and CFE submit their binding programs for the installation and retirement of power plants and their expansion and modernization programs for the national transmission grid and the general distribution networks, with a 15-year horizon. These programs will be reviewed and, where appropriate, approved and published as the PLADESE, while the Energy Planning Council oversees implementation.

• In the hydrocarbons sector, the PLADESHi will also follow an annual cycle led by SENER, without specifying the months in which each stage must occur. CENAGAS, PEMEX, and independent system operators will participate by submitting their five-year expansion plans. The CNE will issue a technical opinion on the draft, and the Energy Planning Council will issue observations before SENER approves and publishes the PLADESHi.

II. Transitory Regime.

• The National Energy Information System must begin operations no later than 180 business days after October 6, 2025, that is, by June 22, 2026.

• SENER will likewise have until June 22, 2026 to issue the obligations and requirements for acquiring clean energy certificates applicable for compliance during 2026–2028.

• As a one-time measure, the processes for preparing the Planning Instruments will not be required to follow the procedural steps set out in the Regulation.

If you have any questions concerning the scope or implementation of this article, please contact us.

Bernardo Mendoza
Partner
bmendoza@k-g.com

Dorothy Lerch
Counsel
dlerch@k-g.com.mx

Gerardo H. Estrada
Attorney
gestrada@k-g.com.mx

El cargo NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.