La iniciativa propone prorrogar del 1° de abril de 2027 al 31 de enero de 2030 el plazo máximo para la entrada en vigor del CNPCF. No obstante, mantiene el esquema de implementación gradual, por lo que las entidades federativas y el ámbito federal podrían adoptar el Código antes de dicha fecha, mediante las correspondientes declaratorias de vigencia.

Asimismo, se propone:

• Adecuar los artículos transitorios a la nueva estructura de los órganos de administración judicial federal y local;
• Establecer que, a más tardar el 31 de enero de 2030, los Poderes Judiciales deberán haber concluido los ajustes normativos, orgánicos, tecnológicos y operativos necesarios para implementar el CNPCF;
• Disponer que, llegado el plazo, es decir, el 31 de enero de 2030, el CNPCF entre en vigor de manera automática en todo el territorio nacional, aun cuando algún Poder Judicial no hubiera concluido las adecuaciones necesarias;
• Reforzar la coordinación entre los Poderes Judiciales para la implementación del Código y el desarrollo del Sistema Nacional de Información Jurisdiccional; y
• Incorporar previsiones relacionadas con la asignación y disciplina presupuestaria para la implementación del nuevo sistema adjetivo;

Por el momento, la propuesta constituye únicamente una iniciativa legislativa y no modifica formalmente la fecha de entrada en vigor vigente del CNPCF, por lo que la fecha límite vigente para la entrada en vigor del CNPCF continúa siendo el 1° de abril de 2027. Por lo que, su eventual aprobación dependerá del propio proceso legislativo.

David Delgado
Consejero
ddelgado@k-g.com.mx

El cargo INICIATIVA DE REFORMA A LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

Estas modificaciones se derivan de la reforma a la LFPIORPI publicada el 16 de julio de 2025, que amplió el catálogo de Actividades Vulnerables, modificó la definición de Beneficiario Controlador, incorporó la auditoría anual y la capacitación obligatoria, entre otros aspectos, así como de la reforma al Reglamento de la LFPIORPI publicada en marzo de 2026, que precisó las facultades del Servicio de Administración Tributaria (“SAT”), la lógica de acumulación de operaciones y el régimen aplicable a Personas Políticamente Expuestas (“PEP”). El Acuerdo constituye la pieza final de esa actualización normativa y busca robustecer el Enfoque Basado en Riesgos, la identificación del Beneficiario Controlador, el uso de herramientas tecnológicas y la profesionalización de los sujetos obligados.

En síntesis, las modificaciones más relevantes consisten en: (i) la migración a un Enfoque Basado en Riesgos (“EBR”) con una metodología documentada de evaluación de riesgos; (ii) la clasificación del Grado de Riesgo de los Clientes o Usuarias, con revisión al menos semestral, y la creación del Perfil Transaccional; (iii) la obligación reforzada de identificar al Beneficiario Controlador; (iv) la incorporación de un régimen específico para Personas Políticamente Expuestas; (v) la actualización integral del Manual de Políticas Internas; (vi) la implementación de mecanismos automatizados para el monitoreo permanente de operaciones; (vii) la realización de auditorías anuales de cumplimiento; y (viii) el establecimiento de programas de capacitación obligatoria y criterios de selección de personal. Las nuevas RCG entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2026, con obligaciones exigibles de forma escalonada conforme al calendario que se detalla más adelante.

I. Análisis

I.1 Objeto de la Reforma y Nuevas Obligaciones

La reforma tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos mínimos que deben observar quienes realicen Actividades Vulnerables referidas en el artículo 17 de la LFPIORPI. Obliga a los sujetos a implementar programas de cumplimiento basados en un Enfoque Basado en Riesgos junto con mecanismos automatizados de monitoreo.

I.2 Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y Clasificación del Grado de Riesgo

Quienes realicen Actividades Vulnerables deben diseñar e implementar una metodología documentada de evaluación de Riesgos que considere: (a) actos u operaciones, tipo de clientes, países y áreas geográficas, y canales de distribución; (b) la Evaluación Nacional de Riesgos de la UIF; y (c) los Mitigantes existentes. Deberá aplicarse previo a nuevos productos o servicios, actualizarse al menos cada 12 meses, y estar disponible para revisión del SAT a partir del 1 de marzo de 2027. La clasificación deberá dividirse en al menos tres Grados de Riesgo: bajo, medio y alto, con reevaluación al menos cada seis meses. Se introduce el Perfil Transaccional para detectar desviaciones en el comportamiento del Cliente o Usuaria.

I.3 Identificación del Cliente o Usuario

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán identificar y conocer de manera directa a su Cliente o Usuaria, para lo cual elaborarán y analizarán los criterios, medidas y procedimientos internos que se requieran. La obligación de “identificar y conocer” se desdobla en dos obligaciones complementarias: la identificación (integrar el expediente con los datos y documentos del Cliente o Usuaria al inicio de la relación) y el conocimiento del cliente (comprender su actividad, el origen de sus recursos y su comportamiento esperado durante la Relación de Negocios). Deberán integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus Clientes o Usuarias, a disposición de la UIF o el SAT.

I.4 Beneficiario Controlador

Las nuevas RCG crean el Capítulo III Quinquies “Del Beneficiario Controlador” (artículos 23 Quinquies a 23 Quinquies 3), que constituye una de las novedades más relevantes. Se precisa y amplía la definición de Beneficiario Controlador, reduciendo el umbral de control del 50% al 25% del capital social, y se establece una metodología jerárquica secuencial para su identificación: (a) primero, quien posea directa o indirectamente el 25% o más del capital social; (b) si esto no permite identificarlo, quien tenga el control por otros medios relacionados con la estrategia, dirección o toma de decisiones; y (c) en su defecto, el funcionario de mayor jerarquía.

Se establece la obligación de recabar información de accionistas, socios, fideicomitentes, fideicomisarios, órganos de administración y dependientes económicos. Para fideicomisos y otras figuras jurídicas, las RCG obligan a ascender en la cadena de titularidad hasta la persona física que ejerce el control en última instancia. Deberá documentarse el procedimiento seguido —no solo el resultado—, conservar los registros y mantenerlos actualizados durante toda la vigencia de la relación de negocios.

I.5 Ter  Personas Políticamente Expuestas (PEP)

Expuestas. Se considera PEP a la persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas relevantes, en México o en el extranjero. Se asimilan a esta categoría el cónyuge, concubina o concubinario, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado y socios con vínculos patrimoniales. Una PEP nacional conserva ese carácter durante el año siguiente a la separación del cargo. Para verificar esta calidad, se introduce la posibilidad de consultar la aplicación Consulta PEP 2.0 de la UIF, disponible a partir del 30 de agosto de 2027. Cuando un Cliente o Usuaria sea PEP y tenga Grado de Riesgo alto, deberán aplicarse medidas de debida diligencia reforzada, incluyendo la aprobación de un directivo antes de celebrar el acto u operación.

I.6 Manual de Políticas Internas

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán contar con un Manual de Políticas Internas que integre la metodología de riesgos y contenga, como mínimo: criterios de identificación y conocimiento de Clientes; mecanismos de clasificación de Riesgo y debida diligencia proporcional; procedimientos para PEP y Beneficiario Controlador; detección de desviaciones del Perfil Transaccional; procedimientos para Avisos e Informes; funciones de la Representante Encargada de Cumplimiento; programas de capacitación; mecanismos de control interno, supervisión, auditoría y confidencialidad; y procedimientos de actualización del propio Manual. El Manual actualizado deberá estar disponible a partir del 1 de marzo de 2027.

I.7 Mecanismos Automatizados

Quienes realicen Actividades Vulnerables deben contar con mecanismos automatizados —que pueden implementarse mediante hojas de cálculo, bases de datos u otros medios equivalentes, no necesariamente software especializado— que permitan: conservar expedientes, agrupar operaciones por cliente, detectar desviaciones del Perfil Transaccional, ejecutar el modelo de clasificación de riesgo, generar alertas para clientes de alto riesgo y monitorear el uso de efectivo y metales preciosos. El histórico del Grado de Riesgo deberá conservarse por no menos de diez años. Fecha límite de implementación: 1 de junio de 2027.

I.8 Auditorías

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán someterse a una auditoría anual que cubra del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año, con dictamen entregable a más tardar el último día hábil de marzo siguiente. Si el riesgo es bajo o medio, la auditoría interna es suficiente; si es alto, deberá realizarse por un auditor externo independiente con título profesional en áreas afines, al menos tres años de experiencia en materia antilavado y certificación vigente de la UIF. La evaluación se cataloga en cinco niveles (Cumple, Cumple mayoritariamente, Cumple parcialmente, No cumple y No aplica). El primer periodo sujeto a auditoría será el ejercicio 2028, con dictamen a más tardar en marzo de 2029.

I.9 Capacitación y Selección de Personal

Las nuevas RCG establecen la obligatoriedad de contar con un programa anual de capacitación dirigido a los miembros del consejo de administración, al administrador único, directivos, funcionarios, la Representante Encargada de Cumplimiento y a los empleados que atiendan al público, identifiquen clientes, envíen Avisos o realicen auditoría. Los cursos deberán impartirse al menos una vez al año, ser congruentes con la metodología de riesgo y ser impartidos por personas con experiencia mínima de cinco años en la materia. Deberá conservarse evidencia documental por un plazo mínimo de diez años. Asimismo, se establecen lineamientos para la selección de personal: deberá obtenerse una declaración firmada sobre experiencia previa en sectores obligados y sobre la ausencia de sentencias por delitos patrimoniales o inhabilitaciones. Estos procedimientos serán aplicables a nuevas contrataciones a partir del 1 de marzo de 2027.

I.10 Notificaciones Electrónicas

La consulta del Portal del SAT, antes quincenal, pasa a ser obligatoria al menos una vez cada día hábil. La notificación electrónica se tiene por realizada al cuarto día hábil siguiente a su envío, aun cuando el sujeto obligado no la haya abierto. En la práctica, conviene designar a un responsable y a un suplente de la consulta diaria y llevar una bitácora de acceso, pues los plazos correrán con independencia de que el Portal se revise.

II. Calendario para cumplimiento

Se establece un esquema de cumplimiento escalonado conforme a las siguientes fechas:

• 30 de noviembre de 2026: Entrada en vigor general de las nuevas RCG (Transitorio Primero).

• 1 de enero de 2027: Inicia el primer periodo anual de capacitación obligatoria (Transitorio Séptimo). Conservar evidencia documental por mínimo diez años.

• 1 de marzo de 2027: Exigibles la metodología EBR, clasificación por Grado de Riesgo, Perfil Transaccional, identificación del Beneficiario Controlador, Manual de Políticas Internas actualizado y procedimientos de selección de personal (Transitorios Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto).

• 30 de mayo de 2027: Fecha límite para actualizar información del artículo 10 Bis para intercambio habitual de activos virtuales (Transitorio Décimo Segundo).

• 1 de junio de 2027: Fecha límite para mecanismos automatizados implementados (Transitorio Noveno).

• 30 de agosto de 2027 (estimado): Disponibilidad de Consulta PEP 2.0 de la UIF.

• 1 de enero de 2028: Inicia el primer periodo sujeto a auditoría anual (Transitorio Octavo). Dictamen a más tardar en marzo de 2029.

III.  Implicaciones para las empresas

Lo dispuesto por el Acuerdo es de carácter obligatorio para todas las personas físicas o morales que realicen Actividades Vulnerables. El sujeto obligado que hoy cumple solo con el estándar documental enfrentará, en 2027 y 2028, exigencias de trazabilidad, tecnología y evidencia que no pueden improvisarse. Las fechas límite de marzo y junio de 2027 dejan menos de un año para: (i) rediseñar la metodología EBR y el Manual; (ii) implementar los mecanismos automatizados; y (iii) definir si la auditoría 2028 se cubrirá con personal interno o un auditor externo certificado por la UIF.

IV. Próximos pasos y recomendaciones

Ante la entrada en vigor escalonada de estas obligaciones, recomendamos adoptar las siguientes acciones:

• Iniciar la recopilación y análisis de operaciones de los últimos 12 meses (desde marzo de 2026) como base para la evaluación de Riesgos.
• Diseñar e implementar la metodología de Enfoque Basado en Riesgos y documentarla en el Manual de Políticas Internas.
• Elaborar o actualizar el Manual de Políticas Internas con todos los elementos mínimos exigidos, incluida la designación de la Representante Encargada de Cumplimiento.
• Clasificar a los Clientes o Usuarias por Grado de Riesgo (bajo, medio, alto) con reevaluación semestral.
• Adoptar mecanismos automatizados de monitoreo operativos a más tardar el 1 de junio de 2027.
• Programar la capacitación anual en PLD/FT (primer periodo: 1 de enero de 2027).
• Prever la auditoría anual; si el Riesgo es alto, deberá ser externa, independiente y certificada por la UIF.
• Implementar procedimientos para identificar y documentar al Beneficiario Controlador conforme a la metodología jerárquica.
• Establecer políticas para identificación y seguimiento de PEP con debida diligencia reforzada para alto riesgo.
• Realizar un análisis para dimensionar recursos humanos, tecnológicos y presupuestales necesarios.

Si tiene alguna pregunta sobre el alcance o implementación de esta nota, favor de contactarnos.

Bernardo Mendoza: bmendoza@k-g.com.mx

Dorothy Lerch: dlerch@k-g.com.mx

El cargo REFORMA A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA LFPIORPI (ACUERDO 115/2026) apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

Se trata de una disposición administrativa de carácter general emitida por la CNE —órgano administrativo desconcentrado con independencia técnica, operativa, de gestión y de decisión—, que establece un Registro de carácter temporal y excepcional (mecanismo transitorio). El Registro no constituye un permiso; únicamente habilita a las personas que actualmente realizan despacho para autoconsumo de petrolíferos a continuar operando mientras solicitan y obtienen el permiso definitivo de la CNE.

Nota importante: El Programa entra en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el DOF (es decir, el 12 de agosto de 2026). La CNE habilitará el formulario electrónico en su portal institucional (https://www.gob.mx/cne) al día siguiente de la entrada en vigor.

1. Antecedentes

El Programa se inscribe en el marco de la reforma institucional del sector energético mexicano. Los principales antecedentes normativos son:

• El artículo 28, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que atribuye al Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia de política energética, facultades de regulación técnica y económica, así como facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos.
• El 18 de marzo de 2025 se publicó en el DOF el decreto que, en cumplimiento de la reforma constitucional de simplificación orgánica del 20 de diciembre de 2024, expidió la Ley de la Comisión Nacional de Energía, extinguiendo la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) y creando la CNE. Las referencias a la extinta CRE se entienden hechas a la Secretaría de Energía (“SENER”) o a la CNE.
• En la misma fecha, se publicó la Ley del Sector Hidrocarburos (“LSH”), cuyo artículo 3, fracción IV, tiene por objeto regular, entre otras actividades, el despacho para autoconsumo de petrolíferos. El artículo 76, fracción II, inciso b) de la LSH prevé que dicha actividad requiere un permiso otorgado por la CNE.
• El 3 de octubre de 2025 se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos (“RLSH”). Su artículo 3, fracción XVI, define “despacho para autoconsumo” como la actividad de recibir, guardar y suministrar petrolíferos utilizados exclusivamente para el suministro de vehículos automotores en propiedad o posesión de la persona permisionada, directamente relacionados con su actividad económica u objeto social, sin posibilidad de vender a particulares. El artículo 140 del RLSH exige permiso de la CNE para esta actividad.
• Existe un universo significativo de instalaciones que realizan despacho para autoconsumo de manera previa a la LSH. Estas instalaciones atienden necesidades legítimas de consumo interno en sectores estratégicos como transporte de carga y pasajeros, agricultura y minería. Una interrupción abrupta comprometería cadenas logísticas críticas, por lo que la CNE optó por un mecanismo transitorio que garantice continuidad operativa, suministro, trazabilidad y supervisión.

2. Aspectos Clave del Programa

Objeto y ámbito de aplicación

El Programa establece un Registro temporal y excepcional para personas (físicas, morales, empresas públicas del Estado o entidades paraestatales) que actualmente realizan despacho para autoconsumo y no cuentan con permiso. Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Los Permisionarios de Distribución o Comercialización de Petrolíferos no son objeto de inscripción, pero deben observar el Programa al operar con Personas Interesadas.

Alcance de la actividad

El despacho para autoconsumo comprende recibir, guardar y suministrar petrolíferos usados exclusivamente para vehículos automotores (incluyendo locomotoras y vehículos marítimos) propiedad o en posesión de la Persona Interesada, relacionados con su actividad económica u objeto social. No implica venta; no se puede ceder, traspasar ni transferir petrolíferos a terceros ni emitir facturas por venta. Quienes realicen actividad distinta deben obtener permiso de Expendio al Público de Petrolíferos o de Gas LP.

Periodo de inscripción

Desde la entrada en vigor del Programa hasta el 31 de diciembre de 2026. Concluido el plazo, solo pueden realizar la actividad quienes hayan obtenido la Constancia de Registro. La inscripción debe realizarse por cada instalación a través del portal institucional de la CNE.

Naturaleza del Registro

La Constancia de Registro no constituye permiso, autorización ni resolución favorable. Solo habilita temporalmente para continuar la actividad hasta que se emita la regulación definitiva y se soliciten los permisos. La Persona Interesada debe obtener resolución favorable del permiso dentro del plazo que fije la regulación futura.

Requisitos de inscripción (artículo 10)

El formulario electrónico requiere, entre otros:

• Tipo de persona, nombre o razón social, RFC y Constancia de Situación Fiscal vigente.
• Descripción del sector económico (catálogo del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, por sus siglas SCIAN) y actividad preponderante.
• Acta Constitutiva (persona moral) o identificación oficial (persona física).
• Nombre e identificación del representante legal y poder notarial.
• Domicilio de la instalación y plano georreferenciado del polígono en formato .kml o .kmz (sistema WGS84).
• Descripción de tanques (tipo, capacidad volumétrica nominal en litros, petrolíferos almacenados) y sistemas de despacho.
• Lista de vehículos automotores suministrados con número de serie/NIV, tipo y placa (formato Excel, Anexo 2).
• Volumen total anual de petrolíferos destinados al despacho para autoconsumo durante 2024, 2025 y 2026, desagregado mensualmente por producto y en litros.
• Datos y últimas tres facturas de los Comercializadores/Distribuidores que acrediten la legal procedencia del petrolífero.
• Plano o memoria técnica con descripción de instalaciones, antigüedad y evidencia fotográfica.
• Firma Electrónica Avanzada (e.firma).

Manifestaciones bajo protesta de decir verdad

El solicitante debe manifestar, entre otras cosas: que la información es fidedigna; que se compromete a cumplir el marco regulatorio; que no se ubica en la lista del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes); que la instalación no está sujeta a investigación ministerial o judicial por delito ni está asegurada, y que los petrolíferos son de procedencia lícita.

Emisión automática de la Constancia

La CNE emite la Constancia de Registro de manera automática, con folio con formato CNE/DA/[PL o GLP]/[6 dígitos]/[año]. La Constancia es válida desde su expedición hasta la obtención del permiso o la conclusión del plazo previsto en la regulación.

Obligaciones de Distribuidores y Comercializadores

Los titulares de permisos de Distribución y Comercialización solo deben realizar operaciones comerciales con personas que cuenten con Constancia de Registro o con permiso de despacho para autoconsumo vigente. La CNE publicará y mantendrá actualizada la lista de inscritos para que Distribuidores y Comercializadores verifiquen vigencia antes de suministrar.

Causales de cancelación

La CNE puede cancelar la inscripción cuando:

• Se venda, ceda, traspase o transfiera petrolíferos a terceros o se emitan facturas a terceros.
• No se acredite procedencia lícita o la instalación esté asegurada por autoridad ministerial/judicial.
• Se ponga en riesgo la salud, seguridad industrial, seguridad operativa o medio ambiente.
• Se presente información o documentación falsa, incompleta o que no corresponda a la instalación.
• No se presente la información requerida o se imposibilite la visita o inspección de la CNE.

Regulación definitiva

Concluido el periodo de inscripción (31 de diciembre de 2026), la CNE tiene un plazo máximo de hasta 12 meses calendario para emitir la regulación sobre el otorgamiento de permisos de despacho para autoconsumo. La CNE puede establecer atención prioritaria a quienes se inscriban en el Registro.

3. Implicaciones para las empresas

El Programa tiene implicaciones directas para empresas que operan flotas vehiculares y cuentan con instalaciones de abastecimiento interno, particularmente en los sectores de energía, transporte de carga y pasajeros, agricultura, minería, logística y construcción:

• Obligación de inscripción: Las empresas que operan estaciones o instalaciones de autoconsumo sin permiso deben inscribirse por cada instalación antes del 31 de diciembre de 2026 para continuar operando legalmente.
• Carácter temporal: El Registro no otorga derechos ni permiso definitivo. Después de la etapa de inscripción, será necesario obtener el permiso conforme a la regulación que emita la CNE.
• Riesgo de desabasto: Tras el cierre del Registro (31 de diciembre de 2026), los Distribuidores y Comercializadores solo podrán vender petrolíferos a quienes cuenten con Constancia de Registro (y posteriormente con permiso). Sin inscripción, las empresas no podrán adquirir combustible legalmente para sus operaciones de autoconsumo.
• Cumplimiento fiscal y penal: Las manifestaciones bajo protesta incluyen no estar en la lista del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, acreditar procedencia lícita de los petrolíferos y ausencia de investigaciones o aseguramientos. Existe exposición a cancelación y sanciones por información falsa o incumplimiento.
• Trazabilidad y controles volumétricos: Se exige el reporte de volúmenes desagregados mensualmente para 2024, 2025 y 2026. Las empresas deben contar con controles volumétricos robustos y documentación técnica completa.
• Prohibición de suministro a terceros: Se prohíbe estrictamente vender, ceder o transferir petrolíferos a terceros. Las empresas deben revisar esquemas intragrupo, ya que el suministro a filiales o vehículos de terceros podría no calificar como autoconsumo y requerir un permiso de Expendio al Público.
• Impacto contractual: Es necesario revisar y ajustar contratos de compraventa y suministro con Comercializadores y Distribuidores, quienes deberán verificar la vigencia del Registro antes de suministrar.
• Documentación corporativa y técnica: Se requiere ordenar la documentación (acta constitutiva, poderes, e.firma) e información técnica (planos georreferenciados .kml/.kmz WGS84, memorias técnicas, inventario de tanques y vehículos).

4. Acciones recomendadas

A la luz de la entrada en vigor del Programa, se sugiere considerar las siguientes acciones de manera inmediata:

1. Identificar todas las instalaciones que realizan despacho para autoconsumo y determinar cuáles carecen de permiso.
2. Confirmar si la operación califica como “despacho para autoconsumo” (uso exclusivo en vehículos propios o en posesión, relacionados con la actividad económica, sin venta ni facturación a terceros). De lo contrario, evaluar la obtención de un permiso de Expendio al Público u otro aplicable.
3. Reunir y preparar la documentación e información del artículo 10 por cada instalación: RFC y Constancia de Situación Fiscal, acta constitutiva o identificación, poder notarial, e.firma, planos georreferenciados .kml/.kmz (WGS84), inventario de tanques y sistemas de despacho, lista de vehículos con NIV/placa, volúmenes 2024-2026 mensuales, facturas de proveedores, memoria técnica y evidencia fotográfica.
4. Verificar el cumplimiento de las manifestaciones bajo protesta (artículo 69-B del CFF, procedencia lícita, ausencia de investigaciones o aseguramientos) y resolver contingencias antes de inscribirse.
5. Tramitar o validar la e.firma de la persona o representante legal.
6. Inscribirse por cada instalación en el portal de la CNE dentro del periodo establecido (a más tardar el 31 de diciembre de 2026) y conservar la Constancia de Registro.
7. Revisar y, en su caso, renegociar contratos con Comercializadores y Distribuidores para asegurar la continuidad del suministro y el cumplimiento del artículo 19 del Acuerdo.
8. Implementar o robustecer controles volumétricos, sistemas de trazabilidad y estándares de seguridad industrial, operativa y ambiental.
9. Monitorear la emisión de la regulación definitiva (hasta 12 meses tras el cierre del Registro) y preparar la solicitud del permiso definitivo, aprovechando la posible atención prioritaria para quienes se hayan registrado.
10. Facilitar visitas e inspecciones de la CNE para evitar causales de cancelación de la Constancia de Registro.

5. Próximos pasos y plazos

A continuación se resumen las fechas y plazos críticos a observar:

Puede consultar el Acuerdo completo publicado en el DOF en el siguiente enlace.

En caso de cualquier duda respecto el alcance o implementación de la presente nota, por favor contáctenos.

Aviso Legal: El presente análisis es de carácter meramente informativo y no constituye asesoría legal. Su contenido no debe interpretarse como una recomendación jurídica específica.

Bernardo Mendoza: bmendoza@k-g.com.mx

Dorothy Lerch: dlerch@k-g.com.mx

Demetrio Fernández: dfernandez@k-g.com.mx

El cargo PROGRAMA DE REGISTRO PARA DESPACHO DE AUTOCONSUMO DE PETROLÍFEROS apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

Nota importante: El Reglamento entrará en vigor el 5 de agosto de 2026, al día siguiente de su publicación en el DOF, conforme a su artículo transitorio primero. A partir de esa fecha se abroga el Reglamento publicado el 27 de mayo de 2011 y quedan derogadas las disposiciones administrativas que se opongan al nuevo ordenamiento, salvo lo previsto en su régimen transitorio.

1. Antecedentes

Contexto regulatorio previo en materia de aguas nacionales

El régimen mexicano de aguas nacionales parte del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual las aguas comprendidas dentro del territorio nacional son propiedad de la Nación y el Estado puede transmitir su dominio a particulares sin perder la propiedad originaria. En desarrollo de dicho principio, la Ley de Aguas Nacionales (“LAN”) regula la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales mediante títulos de concesión y asignación, sujetos a causales de extinción previstas, entre otros, en los artículos 20 y 29 BIS 3 de dicho ordenamiento.

En ese marco, la caducidad total o parcial puede declararse cuando el titular deje de explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales durante dos años consecutivos. La cuota de garantía de no caducidad opera como una opción legal para evitar que la autoridad declare dicha caducidad respecto de volúmenes no utilizados, sin sustituir la necesidad de acreditar oportunamente el cumplimiento de los requisitos procedimentales y de pago aplicables.

Del anteproyecto a la publicación en el DOF

El antecedente reglamentario inmediato es el Reglamento publicado en el DOF el 27 de mayo de 2011, que estableció los lineamientos para la aplicación de la cuota de garantía de no caducidad y asignó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) la fijación del aprovechamiento correspondiente en términos de la Ley de Ingresos de la Federación. El nuevo Reglamento, publicado en el DOF el 4 de agosto de 2026, actualiza ese esquema procedimental y, conforme a su régimen transitorio, abroga el Reglamento de 2011 y deroga las disposiciones administrativas que se le opongan, salvo lo expresamente previsto.

El Reglamento fue difundido inicialmente como anteproyecto en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria (la “Plataforma”) el 16 de junio de 2026, en el marco del proceso de mejora regulatoria, antes de su publicación definitiva en el DOF. El proceso de modificación se vincula, además, con la autorización fiscal contenida en el Oficio No. 349-B-143, de 13 de mayo de 2026, mediante el cual la SHCP autorizó a CONAGUA, bajo la figura de aprovechamientos, 40 cuotas por metro cúbico necesarias para determinar y pagar la cuota de garantía de no caducidad durante el ejercicio fiscal 2026. La SHCP justificó la cuota como el costo de oportunidad social ocasionado por dejar de utilizar aguas nacionales concesionadas o asignadas durante dos años consecutivos, con el objetivo de racionalizar los volúmenes concesionados y asignados mediante una mejor asignación de títulos.

2. Aspectos Clave del Reglamento

Objeto y Efecto del Pago

El Reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento para la determinación y pago de la cuota de garantía de no caducidad y sus prórrogas, conforme al artículo 29 BIS 3, fracción VI, párrafo tercero, numeral 3 de la LAN. El efecto del pago es evitar que a la persona concesionaria o asignataria se le aplique la caducidad parcial o total del volumen de agua concesionado o asignado que no haya sido explotado, usado o aprovechado.

Definiciones Relevantes

El artículo 2 del Reglamento establece las siguientes definiciones clave:

• Cuota autorizada por m³: la fijada por la SHCP para cada metro cúbico de agua, en términos de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

• Dos años consecutivos: los últimos ocho trimestres en los que se haya dejado de explotar, usar o aprovechar de manera parcial o total el volumen concesionado o asignado.

• Cuota de garantía de no caducidad: cantidad calculada conforme al artículo 4 que el concesionario o asignatario opta por pagar para que no caduque total o parcialmente su volumen.

• Volumen cubierto: volumen no sujeto a caducidad por haberse efectuado el pago.

• Volumen no cubierto: volumen sujeto a caducidad por no haberse usado durante dos años consecutivos y no haberse pagado la cuota, o por improcedencia de la solicitud de prórroga.

• Prórroga de no caducidad: autorización de CONAGUA para ampliar hasta por dos ocasiones la opción de pagar la cuota respecto de volúmenes no usados.

Cómputo del Periodo de Dos Años

El periodo se computa por trimestres concluidos: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre (artículo 3).

Fórmula de Determinación de la Cuota (Artículo 4)

CGNC_t = CA_t × VASEUA_t

VASEUA_t = Mínimo [(VAACA_t-1 – VAEUA_t-1), (VAACA_t-2 – VAEUA_t-2)]

Donde:

CGNC = Cuota de garantía de no caducidad

CA_t = Cuota autorizada por m³ vigente al momento del pago

VASEUA_t = Volumen mínimo de agua sin explotar, usar o aprovechar en los últimos ocho trimestres

VAACA = Volumen de agua anual concesionado o asignado

VAEUA = Volumen de agua explotado, usado o aprovechado

_t = Periodo de ocho trimestres por el que se calcula la Cuota de garantía de no

caducidad.

_t-1= Periodo comprendido por los primeros cuatro trimestres del periodo t.

_t-2= Periodo comprendido por los últimos cuatro trimestres del periodo t.

Los volúmenes se expresan en metros cúbicos (m³).

Obligaciones de Aviso y Pago (Artículo 5)

• Aviso previo: presentar aviso ante CONAGUA al menos 15 días hábiles antes de que concluya el octavo trimestre, a través de la plataforma o sistema electrónico correspondiente.

• Plazo de pago: dentro de los 45 días hábiles siguientes a la conclusión del periodo de dos años consecutivos.

• Medios de pago: oficinas autorizadas por SHCP o medios electrónicos de CONAGUA (Sistema Declar@gua, portales de internet o ventanillas bancarias autorizadas).

• Información requerida en el pago: fecha de inicio y término del periodo, título de concesión o asignación (y anexo, en su caso) y volúmenes no explotados/usados/aprovechados base del cálculo.

• Comprobante: dentro de los 15 días hábiles posteriores al pago, presentar comprobante a CONAGUA para validación y aplicación de la interrupción de caducidad.

Régimen de Prórrogas (Artículo 6)

• Solicitud: al menos 15 días hábiles antes de concluir el octavo trimestre, acompañada de justificación de motivos del no uso, razones para conservar el volumen en relación con el objeto de la concesión/asignación, y soporte documental.

• Resolución: CONAGUA determina procedencia dentro de 45 días hábiles posteriores.

• Pago tras autorización: 15 días hábiles desde la notificación para pagar y exhibir comprobante.

• Límite: hasta dos ocasiones de prórroga (consecutivas o no) durante la vigencia del título.

• Si las prórrogas no son consecutivas, el titular no está autorizado a dejar de usar volúmenes por periodos de dos años en el intervalo; podrían actualizarse otras causales de interrupción de caducidad del artículo 29 BIS 3, fracción VI, LAN.

Consecuencias del Incumplimiento

CONAGUA aplicará las disposiciones de caducidad previstas en la LAN y su Reglamento respecto de los volúmenes no cubiertos. Asimismo, CONAGUA puede requerir aclaraciones dentro de los 30 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de pago, otorgando al titular un plazo no mayor a 15 días hábiles para atender el requerimiento.

Disposiciones Transitorias Relevantes

• Entrada en vigor: el 5 de agosto de 2026, al día siguiente de su publicación en el DOF (transitorio primero).

• Abrogación del Reglamento de 2011 y derogación de disposiciones opuestas (salvo el transitorio quinto del instrumento abrogado).

• Trámites en curso: los iniciados antes de la entrada en vigor se atienden con las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

• Cómputo inicial: la primera ocasión y las dos prórrogas se computarán por cada título a partir del primer periodo completo de dos años consecutivos sin uso posterior a la entrada en vigor (5 de agosto de 2026).

• Disposición transitoria especial: para títulos con periodos menores a dos años al entrar en vigor que concluyan después, se aplicará por única ocasión el Reglamento de 2011; ese pago no computará como primera ocasión ni prórroga, pero si no se cumple, el título no podrá beneficiarse del nuevo esquema.

3. Cuotas Autorizadas para el Ejercicio Fiscal 2026

Mediante el Oficio SHCP No. 349-B-143, públicado en el DOF el 14 de julio de 2026, se autorizaron 40 aprovechamientos. Las cuotas varían según el tipo de uso, la fuente (superficial o subterránea) y la zona de disponibilidad de agua definida en la Ley Federal de Derechos. A continuación, se presenta un resumen de las cuotas principales (pesos por m³):

Nota: Las zonas de disponibilidad se definen conforme a la Ley Federal de Derechos. Las cuotas para generación hidroeléctrica son uniformes en todas las zonas y fuentes.

4. Implicaciones Prácticas para Clientes del Sector Energía y Recursos Naturales

El Reglamento tiene relevancia directa para titulares de concesiones o asignaciones de aguas nacionales que, por diversas razones operativas, no estén aprovechando la totalidad de sus volúmenes autorizados. Al encontrarse ya en vigor, los periodos de dos años consecutivos comenzarán a computarse conforme a su régimen transitorio, por lo que resulta prioritario evaluar la exposición de cada título. Entre los escenarios más frecuentes se encuentran:

• Paros operativos programados o no programados (mantenimiento mayor, fuerza mayor).

• Retrasos en la obtención de permisos, autorizaciones ambientales o interconexiones.

• Expansión gradual de proyectos o infraestructura hídrica incompleta.

• Proyectos en etapa de desarrollo con concesiones ya otorgadas (energía renovable, termoeléctrica, minería, petróleo y gas, hidrógeno, almacenamiento).

• Capacidad contratada superior a la demanda actual (sistemas de enfriamiento, servicios auxiliares industriales).

Consideraciones Específicas por Subsector

Generación hidroeléctrica: La cuota específica es muy baja ($0.0087/m³ uniforme); sin embargo, el riesgo principal no es el costo económico sino la pérdida del volumen concesionado si no se cubre la cuota o no se justifica adecuadamente el no uso.

Proyectos termoeléctricos e industriales: Las cuotas generales (hasta $34.54/m³ en zona 1 subterránea) pueden representar un costo significativo. El análisis costo-beneficio entre pagar la cuota y mantener el volumen estratégico resulta crítico.

Minería y beneficio, petróleo y gas: Proyectos con múltiples títulos y fuentes diversas requieren monitoreo granular por título, fuente y volumen anual, no solo por planta o proyecto.

Agroindustria y alimentos: Debe revisarse la relación entre volúmenes concesionados y consumos reales por temporalidad, evaluando si la subutilización es estacional o estructural.

5. Recomendaciones de Acción

A la luz de la entrada en vigor del Reglamento, se recomienda a los titulares de concesiones y asignaciones de aguas nacionales adoptar las siguientes medidas:

1. Inventario integral de títulos: Actualizar el registro de concesiones y asignaciones, incluyendo anexos, fuentes (superficial/subterránea) zonas de disponibilidad, volúmenes anuales autorizados y usos específicos.

2. Diagnóstico de utilización: Revisar los volúmenes efectivamente explotados, usados o aprovechados durante los últimos ocho trimestres por cada título, y calcular los volúmenes mínimos no utilizados conforme a la fórmula del artículo 4 del Reglamento.

3. Estimación de exposición económica: Aplicar las cuotas autorizadas por la SHCP a los volúmenes no utilizados y presupuestar el pago cuando resulte estratégico conservar los volúmenes.

4. Calendario de cumplimiento: Diseñar un sistema de alertas con las fechas críticas: (a) 15 días hábiles antes de concluir el octavo trimestre para el aviso; (b) 45 días hábiles posteriores al cierre del periodo para el pago; y (c) 15 días hábiles para presentar comprobante de pago.

5. Preparación de soportes para prórroga: Cuando convenga solicitar prórroga, reunir documentación que acredite las causas del no uso y las razones para conservar el volumen.

6. Coordinación interna: Alinear a las áreas legal, ambiental, operaciones, finanzas y proyectos; designar un responsable por título para el cumplimiento del Reglamento.

En caso de cualquier duda respecto el alcance o implementación de la presente nota, por favor contáctenos.

Aviso Legal: El presente análisis se basa en el texto del Decreto por el que se expide el Reglamento para la Determinación y Pago de la Cuota de Garantía de No Caducidad de Derechos de Aguas Nacionales, publicado en el DOF el 4 de agosto de 2026, y en el Oficio SHCP No. 349-B-143. Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoría legal.

Bernardo Mendoza: bmendoza@k-g.com.mx

Dorothy Lerch: dlerch@k-g.com.mx

Demetrio Fernández: dfernandez@k-g.com.mx

El cargo Reglamento para la Determinación y Pago de la Cuota de Garantía de No Caducidad de Derechos de Aguas Nacionales apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

El criterio 43/ISR/PI surge de la identificación que el SAT ha realizado de múltiples esquemas de pagos efectuados mediante asociaciones civiles u otras sociedades, a trabajadores, socios o accionistas por concepto de incentivos laborales, bonos, comisiones, compensaciones complementarias por invención, otras compensaciones laborales o primas, o algún otro concepto similar para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 (la “NOM-035”), los cuales no son considerados por las sociedades pagadoras como una contraprestación por sueldos y salarios, asimilados a salarios o dividendos y, por lo tanto, no los consideran sujetos al pago del impuesto sobre la renta (“ISR”).

De acuerdo con el criterio, dichas cantidades no adquieren el carácter de ingresos exentos para los trabajadores, por lo que deben ser tratados como sueldos, salarios, ingresos asimilados a salarios o dividendos, según sea el caso, con la consecuente retención y entero del ISR aplicable, pues en términos del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (“LISR”), únicamente se consideran exentos los ingresos expresamente ahí previstos.

Asimismo, el criterio también refiere que los pagos que los empleadores hacen a las asociaciones civiles o sociedades de otros tipos para posteriormente entregarlos a sus empleados, que se catalogan como de “administración” o “prestación de servicios vinculados” no son deducibles para efectos de ISR, ni acreditables para efectos del impuesto al valor agregado, al no ser estrictamente indispensables.

En este sentido, el criterio considera como práctica fiscal indebida:

• Realizar pagos a trabajadores, socios o accionistas, a través de asociaciones o sociedades, por concepto de incentivos laborales, compensaciones para el cumplimiento de la NOM-035 o cualquier otro concepto similar, otorgándoles el tratamiento fiscal de ingresos exentos cuando, en realidad, corresponden a sueldos y salarios, ingresos asimilados a salarios o dividendos.
• Omitir la retención y el entero del ISR correspondiente a dichas cantidades.
• Que las personas físicas beneficiarias no consideren los recursos recibidos como ingresos acumulables para efectos del ISR.
• Deducir los pagos efectuados a las asociaciones, sociedades o intermediarios que participen en estos esquemas.
• Acreditar el IVA trasladado respecto de dichos pagos.

Nuestro equipo de expertos está listo para apoyarlos con cualquier consulta relacionada con el presente criterio:

Paul Kavanagh: paul@k-g.com.mx

Luis Kanchi: Lkanchi@k-g.com.mx

Miguel Alonso: malonso@k-g.com.mx

El cargo NUEVO CRITERIO DEL SAT: PRÁCTICA FISCAL INDEBIDA EN PAGOS LIGADOS A LA NOM-035 apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

A diferencia de reformas previas, la Iniciativa no se limita a modificar disposiciones específicas de la legislación vigente, sino que plantea una reestructuración integral del marco jurídico ambiental federal, mediante la incorporación de nuevos principios ambientales, instrumentos de gestión y evaluación ambiental, mecanismos de procuración ambiental y un régimen reforzado de inspección y sanción.

De aprobarse en sus términos actuales, la Iniciativa podría generar impactos relevantes para empresas cuyos proyectos u operaciones se encuentren sujetos a autorizaciones ambientales federales, particularmente en sectores como infraestructura, energía, minería, manufactura, transporte, inmobiliario y desarrollo industrial.

I. Análisis

I.1     Nuevos principios e instrumentos ambientales

La Iniciativa amplía significativamente los principios que deberán orientar la actuación de las autoridades ambientales y la interpretación de la legislación.

Entre otros, incorpora expresamente los principios de Precaución, Justicia Ambiental, Interés Superior del Ambiente, Máxima Publicidad y Economía Circular, los cuales podrían influir en la evaluación de proyectos, emisión de autorizaciones y resolución de procedimientos administrativos.

Asimismo, incorpora nuevos conceptos jurídicos que actualmente no cuentan con el mismo nivel de desarrollo dentro de la LGEEPA vigente, incluyendo compensación ambiental, valoración económica del daño ambiental, conmutación de sanciones, medidas anticipadas y evaluación ambiental estratégica.

Finalmente, la Iniciativa transforma a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad(“CONABIO”),que actualmente opera como una comisión intersecretarial, en un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

II.2    Evaluación Ambiental Estratégica

La Iniciativa incorpora la Evaluación Ambiental Estratégica como un nuevo instrumento de planeación y gestión ambiental destinado a identificar y evaluar, desde etapas tempranas de planeación, los impactos ambientales significativos, acumulativos, sinérgicos y residuales asociados a determinados planes, programas o proyectos de infraestructura nacional o estratégicos promovidos por entidades de la Administración Pública. Su finalidad es incorporar medidas de prevención, mitigación, compensación y, en su caso, restauración ambiental.

La evaluación deberá ser presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”) por la dependencia, entidad o empresa pública del Estado responsable del plan, programa o proyecto, durante las etapas iniciales de su formulación o desarrollo.

Asimismo, la SEMARNAT podrá, aunque no estará obligada a ello, solicitar la opinión de otras dependencias, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, colegios de especialistas o grupos de expertos. Únicamente las opiniones emitidas por dependencias o entidades de la Administración Pública serán vinculantes respecto de las medidas ambientales que deban incorporarse.

II.3    Cambios relevantes en materia de evaluación de impacto ambiental

La Iniciativa incorpora modificaciones al régimen de evaluación de impacto ambiental, ampliando el contenido mínimo de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (“MIA”) y fortaleciendo las medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental que deberán proponerse para los proyectos sujetos a autorización.

Entre los principales cambios, se prevé la incorporación expresa de medidas de compensación ambiental directas e indirectas, así como requisitos adicionales para la integración de las MIAs y el fortalecimiento de los mecanismos de participación pública y acceso a la información dentro de los procedimientos de evaluación ambiental.

Asimismo, se permitiría solicitar la reserva de expedientes ambientales completos por razones de propiedad industrial o confidencialidad comercial. A diferencia del régimen vigente, que protege información específica, esta disposición podría disminuir la transparencia de ciertos procedimientos ambientales y dificultar el escrutinio público de proyectos con potencial impacto ambiental.

II.4    Regularización de obras o actividades

La Iniciativa incorpora un mecanismo para regularizar obras o actividades que hayan iniciado o incluso concluido sin contar con autorización en materia de impacto ambiental. En estos casos, el promovente deberá presentar un estudio de daño ambiental que incluya las medidas de compensación y restauración correspondientes, así como los mecanismos para su ejecución y cumplimiento.

No obstante, la presentación de dicha solicitud no limita ni suspende el ejercicio de las facultades de inspección, investigación o sanción de la autoridad ambiental.

II.5    Aviso Ambiental

La Iniciativa incorpora la figura del Aviso Ambiental para determinadas obras o actividades que, por su ubicación, dimensiones, características o alcances, no generan impactos ambientales significativos ni desequilibrios ecológicos, por lo que no requieren someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. No obstante, el promovente deberá presentar un aviso ante la SEMARNAT conforme al procedimiento que establezca el reglamento correspondiente.

Asimismo, esta figura se extiende a determinadas actividades y obras de restauración ambiental ejecutadas por autoridades, particulares u organizaciones, respecto de las cuales se establecen obligaciones específicas de monitoreo y reporte. Si bien la LGEEPA vigente ya contempla la exclusión de ciertas obras de bajo impacto del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la Iniciativa formaliza dicha excepción mediante el Aviso Ambiental e incorpora, por primera vez, un régimen específico para proyectos de restauración ambiental.

II.6    Actividades altamente riesgosas

La Iniciativa incorpora un nuevo mecanismo para la determinación de las actividades altamente riesgosas, estableciendo que su clasificación deberá considerar criterios relacionados con la peligrosidad de las sustancias o materiales involucrados, los riesgos asociados a su manejo y los posibles impactos sobre el ambiente, los ecosistemas y la salud de las personas.

Lo anterior podría derivar en una revisión de los criterios actualmente utilizados para identificar actividades altamente riesgosas y, en consecuencia, modificar el universo de proyectos y actividades sujetos a obligaciones específicas en materia de prevención de accidentes, gestión de riesgos y autorizaciones ambientales.

II.7 Eliminación de la afirmativa ficta y fortalecimiento de procedimientos administrativos

La Iniciativa elimina la afirmativa ficta en materia ambiental, salvo disposición expresa en contrario. Asimismo, prevé la posibilidad de desechar solicitudes incompletas, fortalece el uso de medios electrónicos y establece consecuencias específicas para la presentación de información falsa o incorrecta ante las autoridades ambientales.

Adicionalmente, se reducen determinados plazos de resolución en materia ambiental y se amplían los supuestos de autorizaciones condicionadas, estableciendo expresamente que las obras o actividades autorizadas deben iniciar en un periodo máximo de 5 años.

II.8. Fortalecimiento del procedimiento de investigación y sanción

La Iniciativa propone una transformación relevante de los mecanismos de procuración ambiental mediante la creación del Procedimiento Administrativo de Investigación diferenciándolo del Procedimiento por Infracciones.

Amplía el catálogo de sanciones administrativas:

• La anotación de la resolución administrativa en el Registro Público de la Propiedad respecto de los sitios afectados.
• La cancelación de certificaciones, reconocimientos, distintivos o sellos ambientales.
• La demolición de obras o instalaciones cuando resulte procedente.
• La amonestación como sanción administrativa expresa.

La Iniciativa incrementa de manera significativa el monto máximo de las multas aplicables por infracciones ambientales, pasando de un máximo equivalente a 50,000 días de salario mínimo previsto en la LGEEPA vigente a un máximo de 7.5 millones de UMA. En términos prácticos, ello representa un incremento aproximado de 150 veces respecto del límite máximo actualmente previsto.

La LGEEPA vigente permite sustituir multas mediante inversiones ambientales. Sin embargo, la Iniciativa desarrolla procedimientos específicos para la modificación y conmutación de multas, estableciendo requisitos detallados de elegibilidad, cumplimiento, no reincidencia y ejecución de proyectos de inversión ambiental.

II.9. Registro de Infractores Ambientales

Adicionalmente, la Iniciativa incorpora procedimientos específicos para la investigación de infracciones ambientales e introduce nuevas herramientas orientadas a la prevención, corrección y reparación de afectaciones ambientales. Entre ellas, destacan mecanismos de reconocimiento voluntario de hechos, medios alternativos de solución y procedimientos para la determinación de daños ambientales.

Lo anterior podría ampliar la capacidad de las autoridades para intervenir de manera preventiva ante riesgos ambientales reales o potenciales, así como fomentar esquemas de corrección y reparación ambiental complementarios al régimen tradicional de sanciones administrativas.

II.10. Investigación de infracciones medioambientales

La Iniciativa contempla la creación del Registro de Infractores Ambientales, en el que podrán inscribirse personas físicas o morales sancionadas por infracciones ambientales. Además de las implicaciones reputacionales que ello podría generar, la inscripción en dicho registro podría ser considerada por la autoridad en procedimientos posteriores de autorización, supervisión o acceso a determinados beneficios regulatorios.

La renombrada Procuraduría Federal de Justicia Ambiental tendrá hasta 2 años para su implementación.

II.11. Áreas Naturales Protegidas, biodiversidad y restauración ambiental

La Iniciativa fortalece el régimen de conservación de la biodiversidad mediante la incorporación de nuevas figuras e instrumentos de protección ambiental. Entre otros aspectos, reconoce expresamente los corredores biológicos como mecanismos de conservación, incorpora nuevas categorías de áreas de conservación, fortalece los programas de restauración ambiental y amplía la protección de recursos genéticos, patrimonio biocultural y polinizadores.

Asimismo, institucionaliza la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y las Estrategias Estatales sobre Biodiversidad como instrumentos de política ambiental. Estos cambios podrían generar nuevas restricciones, condicionantes y obligaciones para proyectos ubicados en áreas ambientalmente sensibles o con alto valor ecológico.

II.12. Fortalecimiento de los mecanismos de autorregulación.

La Iniciativa amplía el alcance de los programas de autorregulación ambiental mediante auditorías ambientales voluntarias y faculta a la autoridad para emitir constancias de cumplimiento normativo, constancias de beneficios ambientales, reconocimientos, distintivos y sellos de calidad ambiental aplicables a procesos, productos y servicios.

II.13. Cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

La Iniciativa prevé que las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para proyectos de infraestructura nacional puedan otorgarse sin que la autoridad ambiental se pronuncie sobre la propiedad o posesión de los predios involucrados. Esta medida podría agilizar la obtención de autorizaciones ambientales para proyectos estratégicos, sin perjuicio de las obligaciones y controversias relacionadas con la propiedad, posesión o derechos sobre los terrenos afectados.

II. Régimen Transitorio

La Iniciativa prevé que los procedimientos administrativos, autorizaciones, permisos, licencias y demás trámites iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán sustanciándose conforme a la legislación vigente al momento de su inicio, salvo que el promovente opte expresamente por acogerse al nuevo régimen cuando ello resulte procedente.

Asimismo, será relevante dar seguimiento a la emisión de la legislación secundaria necesaria para la implementación de la nueva ley, particularmente respecto de proyectos que actualmente se encuentren en trámite o sujetos a procedimientos administrativos ambientales.

III. Implicaciones para las empresas

Aunque la Iniciativa aún deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión, su contenido refleja una tendencia clara hacia el fortalecimiento de las facultades regulatorias, de supervisión y procuración ambiental.

En caso de aprobarse en términos similares a los actualmente propuestos, las empresas deberán evaluar oportunamente el impacto de estos cambios sobre sus proyectos y operaciones, particularmente en materia de autorizaciones ambientales, cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos ambientales y atención de procedimientos de inspección y sanción.

Si tiene alguna pregunta sobre el alcance o implementación de esta nota, favor de contactarnos.

Bernardo Mendoza
Socio
bmendoza@k-g.com.mx

Dorothy Lerch
Consejera
dlerch@k-g.com.mx

Karla P. de la Torre
Asociada
kdelatorre@k-g.com.mx

Gerardo H. Estrada
Abogado
gestrada@k-g.com.mx

El cargo INICIATIVA: NUEVA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

• Derivado de la OE, se prevén reformas importantes en materia de conocimiento del cliente y prevención de lavado de dinero (“KYC/PLD”), por lo que los bancos deben prepararse para reglas más estrictas de debida diligencia del cliente dirigidas a cuentahabientes indocumentados.

• El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (“Tesoro”) emitirá a más tardar el 18 de julio de 2026, un aviso formal listando señales de alerta y tipologías para fraude de nómina, salarios fuera de registro contable y transferencias ilícitas transfronterizas (“Aviso”).

• La reglamentación de la Ley de Secreto Bancario (“BSA”) será fortalecida conforme a la OE: (i) el 17 de agosto de 2026, para incluir la facultad de los bancos para recabar información sobre estatus migratorio cuando los indicadores de riesgo lo justifiquen, y (ii) a más tardar el 15 de noviembre de 2026, para instruir al Tesoro y a los reguladores financieros federales a que evalúen posibles modificaciones a los requisitos de identificación de clientes tomando en consideración los riesgos que las matrículas consulares extranjeras representan para la integridad del sistema financiero estadounidense.

• La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (“CFPB”) deberá evaluar a más tardar el 18 de julio de 2026, si el riesgo de deportación y la pérdida de salarios califican como factores de riesgo de impago, para efectos de su regulación en materia de limitaciones a la elegibilidad al otorgamiento de créditos hipotecarios.

• Podrá ser considerado como factor de riesgo que detone la debida diligencia reforzada, que los solicitantes de productos de crédito o depósito que carezcan de un estatus migratorio legal usen para efectos de identificación, números de identificación individual de contribuyente (“ITIN”).

• Los cuatro reguladores federales (la Federal Reserve [Reserva Federal,“Fed”], Office of the Comptroller of the Currency [Oficina del Contralor de la Moneda, “OCC”], Federal Deposit Insurance Corporation [Corporación Federal de Seguro de Depósitos, “FDIC”], y National Credit Union Administration [Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, “NCUA”]) deberán emitir, a más tardar el 18 de julio de 2026, lineamientos sobre riesgo crediticio al otorgamiento de créditos a personas sin un permiso de trabajo vigente.

I. Análisis.

I.1. Antecedentes y alcance.

La Orden Ejecutiva 14406 enmarca la actividad financiera relacionada con inmigración como un riesgo de seguridad nacional y riesgo sistémico bancario. La OE hace referencia específica a flujos financieros relacionados con fentanilo vinculados a cárteles con base en México, a redes de lavado de dinero chinas que utilizan cuentas con base en Estados Unidos, y al riesgo estructural de impago por extender crédito a prestatarios indocumentados.

La OE ordena al Fed, OCC, FDIC, y NCUA como los 4 reguladores prudenciales federales, así como al Tesoro y la CFPB, a tomar acción coordinada dentro de plazos definidos, incluyendo cambios regulatorios.

I.2. Obligaciones reforzadas de identificación de clientes.

El impacto de cumplimiento más inmediato recae en las instituciones financieras cubiertas por la BSA. ElAviso que deberá emitir el Tesoro a más tardar el 18 de julio de 2026, introducirá tipologías específicas de señales de alerta que los equipos de cumplimiento deberán incorporar en sus programas de reporte y sistemas de monitoreo de transacciones. Las seis categorías de preocupación son:

• Evasión de impuestos de nómina por empleadores que contratan trabajadores sin autorización de trabajo (omisión de retener/enterar impuestos federales sobre el empleo).

• Uso de documentos de identidad extranjeros, cuentas de prestanombres, empresas fachada, o estructuras de canalización para ocultar al beneficiario controlador o disfrazar flujos de nómina.

• Enrutamiento de salarios fuera de registro contable a través de transmisores de dinero no registrados (“MSBs”), procesadores de pago, o plataformas de transferencias peer-to-peer.

• Estructuración y micro-estructuración: transacciones en efectivo repetitivas, por debajo del umbral, correlacionadas con ciclos de nómina.

• Patrones financieros indicativos de trata de personas con fines laborales o trabajo forzado, incluyendo mezcla de productos con ingresos de negocios legítimos.

• Apertura de cuentas o solicitudes de crédito basadas en ITIN donde el titular carece de estatus migratorio legal verificado, detonando obligaciones de debida diligencia reforzada.

Sin embargo, la emisión de reglas de debida diligencia del cliente que se espera sea emitida a más tardar el 17 de agosto de 2026 es el cambio estructuralmente más significativo. A la fecha de hoy, las reglas CDD actuales de la Financial Crimes Enforcement Network (Red de Ejecución de Delitos Financieros) del Tesoro únicamente requieren información de titularidad beneficiaria pero no obligan a la recopilación de datos de estatus migratorio. Los cambios propuestos autorizarían, y en algunos casos requerirían, que las instituciones obtengan información de estatus migratorio y autorización de trabajo como parte de un programa de debida diligencia basada en riesgo cuando otros indicadores generen preocupaciones de cumplimiento.

De manera similar, la regulación que implementa los requisitos de identificación de clientes bajo la BSA serán revisadas a más tardar el 16 de noviembre de 2026, para atender específicamente el perfil de riesgo de las matrículas consulares extranjeras.

I.3. Riesgo crediticio y capacidad de pago.

• Asimismo, la OE instruye a que CFPB evalúe modificar sus regulaciones para reconocer explícitamente que el riesgo de deportación y la pérdida de salarios constituyen factores materiales en un análisis de capacidad de pago para crédito hipotecario y al consumo. Si la CFPB actúa conforme a esta directiva, los acreditantes que extiendan crédito a titulares carecientes de estatus migratorio legal con ITIN o acreditados sin autorización de trabajo, necesitarían documentar cómo este riesgo fue evaluado en el proceso de suscripción.

I.4. Implicaciones.

Para instituciones financieras y empresas con exposición transfronteriza Estados Unidos–México, la OE involucrará acciones inmediatas de sus contrapartes norteamericanas:

• Escrutinio reforzado de transferencias de remesas de bajo monto hacia México, que la OE caracteriza como un vector para flujos relacionados con cárteles;

• Probables aumentos en presentaciones de reportes de operaciones inusuales sobre transferencias electrónicas transfronterizas que involucran cuentas vinculadas a ITIN; y

• Potencial presión de de-risking sobre MSBs y procesadores de pago que operan en el corredor Estados Unidos–México.

II. Régimen Transitorio.

Finalmente, la OE es efectiva el mismo día de su firma, es decir, el 19 de mayo de 2026; por lo tanto, los plazos expresados en la misma se construyen de la siguiente manera:

• Día 0: 19 de mayo de 2026. La Orden Ejecutiva 14406 es firmada y efectiva.

• Día 0 + 60: 18 de julio de 2026. (i) El Tesoro emite Aviso formal con tipologías de señales de alerta, (ii) la CFPB considera lineamientos regulatorios sobre capacidad de pago, (iii) la Fed, OCC, FDIC, y NCUA emiten lineamientos sobre riesgo crediticio respecto al otorgamiento de crédito a prestatarios sin autorización de trabajo.

• Día 0 + 90: 17 de agosto de 2026. El Tesoro propone modificaciones a las reglas de debida diligencia de la BSA para requerir, cuando el riesgo lo justifique, la recopilación de información de estatus migratorio y autorización de trabajo.

• Día 0 + 180: 15 de noviembre de 2026. El Tesoro y reguladores federales consideran cambios a las reglas del programa de identificación de clientes de la BSA, incluyendo nuevo tratamiento de riesgo para matrículas consulares extranjeras.

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Bernardo Mendoza
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El cargo ORDEN EJECUTIVA EN EE.UU.: NUEVAS RESTRICCIONES FINANCIERAS PARA EXTRANJEROS EN SITUACIÓN IRREGULAR apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

• De acuerdo con las modificaciones al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (el “Reglamento” y la “Ley”), se prevén, entre otras cosas, disposiciones aclaratorias sobre la presentación de avisos por operaciones acumuladas, señalando que estos se deberán presentar cuando sobre un cliente o usuario, se lleguen a los umbrales establecidos.

• Además, se reglamentan los detalles necesarios para la integración de una lista de personas políticamente expuestas (“PPE”) nacionales por parte de la propia Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”), de conformidad con las reformas a la Ley del 16 de junio de 2025.

• Adicionalmente, se reglamenta un régimen de excepción que facilita al Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) poder imponer sanciones administrativas sin necesidad de desahogar un procedimiento administrativo en esta materia, señalando también que toda la información con la que ya cuente el SAT podrá ser utilizada para motivar sus resoluciones.

• También cuando el SAT ejerza facultades de verificación, no estará obligado a demostrar cuáles bases de datos consultó ni tampoco a hacerle de su conocimiento el resultado de esa consulta, siempre y cuando se trate de información o documentación que haya sido generada o aportada por el mismo sujeto obligado.

• Finalmente, se amplían de manera relevante las obligaciones en materia de resguardo y conservación de información, estableciendo que los avisos, informes y su documentación soporte deberán conservarse por un plazo mínimo de diez años.

• No se modifica el plazo transitorio para la emisión de las nuevas reglas de carácter general originalmente previsto en la reforma de la Ley; es decir, se espera que estas se expidan el 30 de junio de 2026.

I. Contenido del Reglamento.

I.1. Aspectos generales.

• De acuerdo con las modificaciones se ajustan las definiciones, incluyendo la introducción expresa de los “Informes” como obligación diferenciada de los “Avisos”, así como la inclusión explícita de fideicomisos y otras figuras jurídicas como sujetos obligados en adición a las personas morales.

• Se prevén disposiciones aclaratorias en materia de presentación de avisos por operaciones acumuladas, estableciendo que la obligación de presentar el “Aviso” correspondiente se actualiza cuando, respecto de un mismo cliente o usuario, se alcance o supere el umbral aplicable, considerando la acumulación de operaciones dentro de un periodo de hasta seis meses, sin necesidad de agotar dicho periodo.

• Asimismo, se introduce expresamente en el Reglamento la obligación de presentar avisos denominados “de 24 horas”, incluso cuando el acto u operación no se haya concretado, siempre que existan elementos suficientes para identificar a la persona que intentó llevar a cabo la operación como cliente o usuaria, es decir, lo que se conoce como el aviso por “tentativa”.

• Se precisa que la aplicación de medidas simplificadas de identificación para clientes o usuarios únicamente será procedente cuando derive de sus evaluaciones con enfoque basado riesgo a nivel entidad.

• Asimismo, se elimina la precisión relativa a montos, umbrales y condiciones específicas aplicables a vales, cupones y monederos electrónicos, suprimiéndose los criterios que limitaban la presentación de Avisos, por lo que la procedencia de las obligaciones de identificación y presentación de Avisos deberá determinarse exclusivamente con base en los supuestos previstos en la Ley y, en su caso, en las reglas de carácter general.

• También, se ajustan los criterios para determinar el momento y el monto del acto u operación en ciertas Actividades Vulnerables, estableciendo que, (i) en operaciones de mutuo, préstamo o crédito, estas se considerarán realizadas cuando los recursos sean efectivamente puestos a disposición del cliente, y que, (ii) en los servicios de traslado o custodia de dinero o valores, la falta de determinación del valor no exime de la obligación de presentar Aviso, considerándose dichas operaciones como reportables en todos los casos.

I.2. Lista PPE.

• Adicionalmente, se reglamentan los mecanismos para la integración, actualización y administración de la lista de PPE nacionales a cargo de la UIF, estableciendo que las autoridades y organismos públicos competentes deberán proporcionar en el formato y medio electrónico que se defina en las reglas de carácter general, la información correspondiente a los cargos públicos y personas que deban considerarse como PPE, así como sus actualizaciones dentro de los cinco días hábiles siguientes a cualquier modificación relevante.

• Por su parte, se prevé que las personas privadas y sujetos obligados únicamente podrán consultar a la UIF, a través del medio electrónico que esta determine, de manera restringida y caso por caso, para verificar si una persona cliente o usuaria se encuentra incluida en el listado de PPE, sin que ello implique el acceso, reproducción o divulgación del contenido íntegro de la lista.

• En este contexto, se establece un régimen estricto de confidencialidad aplicable a esta lista, precisando que dicha información deberá cumplir con las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley de Seguridad Nacional, por lo que aquella que sea clasificada como reservada o confidencial no podrá ser compartida con ninguna persona, autoridad u organismo, ya sea nacional o internacional.

• En la misma línea, la UIF únicamente podrá compartir información específica y necesaria de su lista de PPE con órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ejerzan funciones de supervisión en materia de prevención de lavado de dinero, y solo previo la celebración del convenio correspondiente, exclusivamente para el ejercicio de dichas facultades.

I.3. Sanciones.

• Asimismo, se reglamenta un régimen de excepción que permite al SAT imponer sanciones administrativas sin necesidad de desahogar un procedimiento administrativo sancionador, cuando se actualicen los siguientes supuestos:

• La omisión o atención extemporánea de requerimientos de información,
  • La falta de presentación de avisos, informes o documentación obligatoria, o
  • La entrega incompleta o distinta a la requerida, aun después de haber sido requerido el sujeto obligado.

• También se establece que, cuando el SAT ejerza facultades de verificación, no estará obligado a demostrar cuáles bases de datos consultó ni a comunicar el resultado de dichas consultas, siempre que se trate de información o documentación que haya sido previamente generada o aportada por el propio sujeto obligado.

• De igual forma, se establece el procedimiento para el cumplimiento espontáneo mediante escrito firmado dirigido al SAT, con el reconocimiento claro y completo de las faltas cometidas, operaciones y periodos correspondientes, declaración bajo protesta de decir verdad que las irregularidades han sido totalmente corregidas junto con la documentación que acredite dicho cumplimiento, como condición para acceder a los beneficios previstos en el artículo 55 de la Ley, supeditado al cumplimiento de las reglas de carácter general.

• Finalmente, las modificaciones amplían de manera sustancial las obligaciones en materia de resguardo, conservación y custodia de información, estableciendo que los Avisos, Informes, documentación soporte y acuses electrónicos deberán conservarse por un plazo mínimo de diez años, tanto por los sujetos obligados como por las Entidades Colegiadas.

II. Régimen Transitorio.

Por último, se incorporan disposiciones transitorias que regulan la entrada en vigor y la aplicación gradual de diversas obligaciones, estableciendo reglas específicas para su implementación, entre las que destacan las siguientes:

En caso de cualquier duda respecto el alcance o implementación de la presente nota, por favor contáctenos.

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El cargo REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

El pasado 9 de abril de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforma el Artículo 141 del Código Fiscal de la Federación (“CFF”) en materia de garantías para el interés fiscal.

La reforma elimina el orden de prelación que anteriormente obligaba al contribuyente a ofrecer garantías siguiendo una secuencia preestablecida. A partir de su entrada en vigor, el contribuyente podrá elegir libremente la garantía que mejor se adapte a su situación particular, sin estar sujeto a ningún orden de prelación.

Bajo el esquema anterior, las formas de garantía debían ofrecerse en el siguiente orden:

1. Billete de depósito.
2. Carta de crédito.
3. Prenda e Hipoteca.
4. Fianza.
5. Obligación solidaria.
6. Embargo.

Conforme a dicho orden, el billete de depósito era la primera opción obligatoria hasta donde alcanzara la capacidad económica del contribuyente, limitando así su capacidad de actuación en caso de requerir impugnar resoluciones por parte de la autoridad fiscal.

Los procedimientos de garantía del interés fiscal iniciados entre el 1 de enero de 2026 y el 9 de abril de 2026, y las garantías constituidas durante dicho periodo conforme al orden establecido, previo a la reforma del artículo 141, se podrán sujetar a lo establecido en su texto reformado.

Lo anterior, en la medida que la persona contribuyente lo solicite expresamente ante la autoridad dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto que reforma el CFF.

En caso de cualquier duda o asesoría que se requiera en relación con el presente, nuestro equipo de expertos está a su disposición en los siguientes correos:

Paul Kavanagh: paul@k-g.com.mx
Miguel Alonso: malonso@k-g.com.mx
Luis Kanchi: Lkanchi@k-g.com.mx

El cargo DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 141 DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.

I. Alcance general.

El Anteproyecto tiene como objetivo principal reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40horasmediante un esquema gradual que iniciará el 1 de mayo de 2026 y concluirá en 2030. Asimismo, mediante el Anteproyecto se busca (i) realizar ajustes al régimen de horas extraordinarias, (ii) incorporar nuevas obligaciones patronales y (iii) modificar los conceptos de patrón y jornada.

II. Reducción de la jornada laboral

La Ley Federal del Trabajo (“LFT”) establece un máximo de 48 horas semanales (8 horas diurnas por 6 días), jornada semanal que se ha mantenido vigente desde 1917. Mediante el Anteproyecto, se busca:

• Fijar un nuevo límite máximo: 40 horas semanales de jornada ordinaria.

• Se mantiene el límite diario (8 horas diurnas, 7 nocturnas, 7.5 mixtas), pero ahora armonizado con el nuevo tope semanal.

• Se incorpora la posibilidad de distribuir la jornada por acuerdo entre empleador y trabajador.

• Se incorpora un esquema de implementación gradual de la reducción de la jornada:

III. Régimen de horas extraordinarias.

En cuanto al régimen de horas extraordinarias, el Anteproyecto elimina el esquema vigente, que permite a los trabajadores laborar hasta tres horas diarias, en un máximo de tres veces a la semana, sumando nueve horas extraordinarias, las cuales deben pagarse al 100% del salario.

Asimismo, la norma vigente establece que el patrón deberá pagar un 200% del salario a los trabajadores que prolonguen las horas extraordinarias. Sin perjuicio de las sanciones que establece la ley.

Por su parte, el Anteproyecto establece un nuevo modelo que limita a doce horas extraordinarias semanalmente, que podrán distribuirse en jornadas de hasta cuatro horas, en un máximo de cuatro días a la semana, y que deberán pagarse al 100% del salario ordinario.

En cuanto a las horas prolongadas del tiempo extraordinario, el Anteproyecto topa a 4 horas adicionales a la semana que se deberán pagar al 200%. Es importante señalar que el Anteproyecto prohíbe que la suma de la jornada ordinaria, la extraordinaria y la adicional a la extraordinaria exceda las 12 horas en un mismo día, lo que constituye un nuevo candado legal destinado a prevenir jornadas excesivas.

IV. Conceptos nuevos

La iniciativa también modifica la definición de conceptos esenciales dentro de la LFT:

• Se  incorpora  por  primera  vez  la  definición  expresa  de  “Patrón  o  Persona Empleadora”, entendida como la persona física o moral que contrata a una o más personas trabajadoras para realizar actividades subordinadas a cambio de una remuneración.
  
  Esta incorporación refuerza un lenguaje más claro e inclusivo y ayuda a precisar responsabilidades, especialmente en esquemas complejos de subcontratación o estructuras corporativas con múltiples entidades operativas.

• Asimismo, se reforma el concepto de “jornada de trabajo”. Bajo el marco vigente, la jornada corresponde al tiempo en que la persona trabajadora se encuentra a disposición del patrón; con la reforma, se redefine como el tiempo durante el cual la persona trabajadora desarrolla actividades subordinadas en favor de la persona empleadora.
  
  Este  cambio  puede  tener  implicaciones  significativas  en  la  interpretación  de tiempos de espera, traslados internos, pausas operativas o cualquier periodo en el que la persona trabajadora no esté efectivamente ejecutando actividades.

IV. Nuevas obligaciones: registro electrónico de jornada.

Se crea una nueva obligación hacia el patrón de registrar electrónicamente la jornada de  cada  persona  trabajadora,  incluyendo  el  horario  de  inicio  y  término  de  sus actividades.

IV. Permanencia de obligaciones existentes.

El Anteproyecto mantiene ciertos elementos esenciales de la actual LFT:

• No se modifican la duración máxima diaria de las jornadas diurna, nocturna y mixta, ni el derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo.

• Permanece sin cambios la prima dominical mínima del 25%.

• En materia de horas extras, el pago del 100% adicional continúa aplicándose para el tiempo extraordinario dentro del nuevo límite permitido y el 200% sobre tiempo extraordinario adicional.

V. Entrada en vigor

• El 1 de mayo de 2026 entraría en vigor la reforma general.

• Habrá una aplicación gradual anual para la jornada y horas extra.

• La obligación de contar con el registro electrónico comienza en enero de 2027.

En caso de cualquier duda respecto al alcance o implementación de la presente nota, por favor contáctenos.

Bernardo Mendoza
Socio
bmendoza@k-g.com

Dorothy Lerch
Consejera
dlerch@k-g.com.mx

El cargo SE PUBLICA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO apareció primero en KAVANAGH | GOROZPE.